Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal en contra de Francisco M. O., a quien se le atribuye su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en Ciudad Juárez.
A través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, en la continuación de la audiencia inicial, ante el Juez de Control conocedor de la causa penal, se expusieron datos de prueba qué relacionan al imputado con los hechos registrados el 30 de agosto de este año, cuando, entre las 18:00 y las 19:00 horas, en compañía de diversas personas, se apersonó en un domicilio de la calle Plaza la Paz, del fraccionamiento Portales de San Pedro, etapa II.
En dicho lugar y con el uso de la violencia y armas de fuego, privaron de la libertad a Edgar Alejandro R. A. y Gabriel C. A., a quienes, en contra de su voluntad y con la intención de causarles daño, los obligaron a abordar un vehículo Honda, de color plata, para luego emprende la huida con rumbo desconocido.
El 31 de agosto, en el cruce de las calles Presidente Ejidales y Mina, de El Sauzal, las víctimas fueron localizadas sin vida, siendo para ambas, la causa del fallecimiento por decapitación.
Francisco M. O., de 37 años de edad, fue detenido la semana pasada, por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y, tras diversas indagatorias, entrevistas y labores de inteligencia, se logró imputarle el delito de secuestro agravado.
Por lo anterior, se le impuso la medida de prisión preventiva y se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Gracias al trabajo del Ministerio Público de esta representación social, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para continuar las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos y se alcance además la reparación del daño a las víctimas familiares.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
