La 68 Legislatura de Chihuahua convocó al Congreso de la Unión a que suspenda el proceso legislativo de la Reforma al Poder Judicial, hasta en tanto no se resuelvan los amparos que protegen el derecho humano de los particulares de acceso a la justicia y, solicitó al Ejecutivo Federal, se abstenga de promulgar dicha reforma constitucional.
Lo anterior, al aprobar por mayoría de votos de los legisladores locales, la proposición presentada por la diputada Carla Rivas Martínez, quien en tribuna dijo que, hoy más que nunca, debemos convertir este Congreso en la cuna de los ideales que nuestros antepasados defendieron con tanto valor. Que Chihuahua sea el baluarte de la defensa de nuestra democracia y del Estado de Derecho en México.
Asimismo, señaló que el Poder Judicial ha sido históricamente el garante de la Constitución y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su independencia no es un capricho, sino una necesidad básica en cualquier sistema democrático.
Por otro lado, indicó que la reforma al Poder Judicial, pone en peligro la estabilidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y nuestras relaciones con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. El impacto negativo en el comercio bilateral y las inversiones podría ser significativo, afectando una relación económica vital que incluye 62 mil millones de dólares en remesas y un comercio diario de 2,191 millones de dólares. Además, la reforma podría violar tratados internacionales en materia de derechos humanos, dañando la reputación de México en la comunidad internacional y aumentando el riesgo país, el cual actualmente ya no es bueno.
Sumando a lo anterior, desde el punto de vista jurídico, la reforma debilita la protección legal imparcial de la población, permitiendo que intereses políticos influyan en las decisiones judiciales y fomentando el populismo judicial. Afectando no solo la equidad y la integridad del sistema judicial, sino que también facilita el control político sobre los juzgados.
Finalmente, la legisladora declaró que es imperativo recordar que la división de poderes es esencial para la democracia. Si permitimos que el Poder Judicial sea tomado por intereses políticos, corremos el riesgo de perder la garantía de un Estado de Derecho que proteja a todos los mexicanos por igual, sin importar su ideología o afiliación política.
