Durante su participación esta mañana en la mesa de análisis de Radio Fórmula, la senadora Andrea Chávez evidenció que el estado de Chihuahua vive una situación límite en materia hídrica, no solo por la sequía, sino por el desorden legal y el acaparamiento histórico del agua que se ha permitido durante décadas.
Explicó que, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la CONAGUA, más del 80% de los municipios chihuahuenses atraviesan algún grado de sequía, una condición que golpea especialmente a los pequeños y medianos productores.
Sin embargo, sostuvo que la problemática no puede explicarse únicamente por la falta de lluvias o por el cambio climático. La senadora detalló que existe un patrón de concentración de concesiones que ha profundizado la crisis y que solo puede describirse como saqueo.
“¿Cómo es posible que una sola familia en Chihuahua concentre 150 títulos de concesión equivalentes a 19 mil albercas olímpicas? Eso no es sequía, eso es abuso, eso es saqueo”, denunció.
Añadió que estas distorsiones del mercado del agua se han sostenido “al amparo de la ley vigente y al amparo de una ley que aún no existe y que estamos obligados a expedir”.
Explicó que el paquete legislativo que se discute actualmente incluye una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de una nueva Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo cuarto constitucional, mandato que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió.
Esta nueva normativa —dijo— busca ordenar el uso, distribución y conservación del recurso, impedir el acaparamiento y garantizar que los agricultores y comunidades que realmente producen tengan acceso al agua, especialmente en estados como Chihuahua.
A partir de este diagnóstico, la senadora arremetió contra los legisladores de oposición por lo que calificó una campaña deliberada de desinformación. Aseguró que varios de ellos han anunciado su voto en contra del dictamen sin haberlo leído y sin entender su contenido.
“Los opositores no saben ni lo que votan. Se han dedicado a politizar el tema del agua con mentiras y desinformación”, afirmó. Recalcó que su obligación mínima como representantes populares es revisar los documentos, informarse y emitir un voto responsable.
“Para eso les pagan: para legislar, para revisar, para informarse y para darle lectura a veinte, treinta o cuatrocientas páginas, las que sean. Ese es su trabajo”, insistió.
Criticó que, pese a no conocer el dictamen, algunos legisladores ya recorren medios y redes afirmando que votarán en contra, con argumentos falsos que solo generan incertidumbre entre los productores. “Se atreven a dar opiniones sin leer, a desinformar, a mentir. Me da vergüenza”, añadió.
Chávez sostuvo que, a diferencia de quienes buscan politizar la crisis, el dictamen es una respuesta responsable y urgente para frenar los abusos de los grandes acaparadores de agua y cumplir con un mandato constitucional pendiente.
Recordó que la nueva legislación permitirá poner orden, combatir privilegios y proteger a los agricultores que trabajan la tierra y sostienen la economía regional.
Finalmente, hizo un llamado directo a la oposición: “Si quieren de verdad ayudar en el tema del agua, primero lean el dictamen. Aquí vamos a seguir desenmascarándolos”.
