Organizaciones campesinas y de transportistas procedieron a la toma de carreteras en la entidad, como parte de una manifestación nacional en contra de la reforma a la Ley General de Aguas.
Dicho movimiento se llevará en al menos 20 entidades federativas, que además contempla la toma de los principales accesos a la Ciudad de México, así como las Aduanas y Puentes Internacionales de la frontera con Estados Unidos, con lo que se prevé que se paralicen vialidades en gran parte del país.
Según las agrupaciones convocantes: Asociación Nacional de Transportistas (Antac), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcm) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), los objetivos de la movilización son:
Por un lado, presionar al gobierno federal para mejorar las condiciones del campo, revisar los precios de garantía y pagos de adeudos, así como manifestar su rechazo a la iniciativa de Ley de Aguas, que actualmente se discute en el Congreso de la Unión.
Y por el otro, exigir a las autoridades seguridad en las carreteras, que se ponga un alto a los robos y las extorsiones; piden también la eliminación de cuotas y prácticas que consideran abusivas contra transportistas.
La Antac informó que los operadores afiliados a esa agrupación no cargarán mercancía y participarán en los cierres viales.
Derivado de los cierres viales se prevén afectaciones en la capital del país, estado de México, Sinaloa, San Luis Potosí, Chihuahua, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima y Nayarit.
El gremio de transportistas protesta por la inseguridad que padecen en las carreteras del país, principalmente asaltos y extorsiones, algunas de ellas cometidas por presuntos elementos de la Guardia Nacional.
Con la movilización, los productores agrícolas pretenden puntualizar su oposición a la propuesta de Ley de Aguas que promueve el gobierno federal, la cual contempla, entre otros aspectos, una revisión de los títulos de concesión actuales, en busca de contrarrestar el acaparamiento de títulos de concesión que no se usan.
Prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares y señala que las reasignaciones de volúmenes solo podrán realizarse previo análisis y autorización de la «autoridad del agua», que emitirá un nuevo título de concesión o asignación.
Los agricultores de Zacatecas, por su parte, exigirán al gobierno del estado la apertura de los centros de acopio de frijol, pues las cosechas de la leguminosa no pueden ser depositadas en las bodegas avaladas por el gobierno, donde se pagará el frijol a 27 pesos el kilogramo, como lo anunció públicamente la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Reclamaron que el retraso gubernamental beneficia a los intermediarios (coyotes) que están ofreciendo un precio de 8 pesos el kilogramo, que agrava la crisis económica en el campo de la entidad.
