“El político corrupto, es decir, el servidor público que se vea envuelto en la probable comisión de un delito por hecho de corrupción, quizás pueda estar preparado para perder temporalmente su libertad; pero lo que no está preparado es perder su riqueza, y que se le extinga su patrimonio y se le quiten los recursos, bienes muebles e inmuebles que adquirió, producto de su conducta ilícita”.
Respecto de los procesos de extinción de dominio que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) lleva a cabo, el el fiscal indicó que “ahora sí”, los procesos se realizan con respeto al debido proceso, es decir, en apego a las reglas esenciales del procedimiento para no cometer las arbitrariedades de años anteriores.
Finalmente manifestó que a través del diálogo institucional se puede sensibilizar a los legisladores federales para fortalecer la extinción de dominio y dotar a los fiscales anticorrupción de autonomía plena y puedan hacer lo conducente cuando se percaten que un servidor público que se enriqueció por producto de su conducta desviada, pueda ser llevado a la justicia.
