La presidenta de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, Carmen Rocío González Alonso, afirmó que la disminución de las participaciones federales para 23 entidades del país llega en uno de los momentos más complicados para los estados y municipios que no tienen dinero y, aun así, el Gobierno Federal no se aprieta el cinturón.
Dijo que las entidades federativas, entre ellas Chihuahua, enfrentan serios problemas, como carreteras sin mantenimiento, falta de infraestructura, hospitales sin medicamentos, sistemas de salud deficientes y una inseguridad cada vez mayor.
En ese contexto, señaló: “reducir las participaciones significa debilitar aún más la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las necesidades de la población”.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN explicó que la reducción en las participaciones obedece a la caída de 9.8 por ciento en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), uno de los principales indicadores del desempeño económico nacional.
“Y eso deriva del nulo crecimiento económico, del deficiente manejo de las finanzas públicas y de la falta de previsión para evitar una desaceleración que el Gobierno federal se niega a reconocer, pero que termina afectando a estados y municipios”, añadió.
La diputada González Alonso reprochó las mentiras del Gobierno Federal, que presume una economía fuerte. “Si la economía realmente estuviera creciendo como asegura, no habría una caída de casi diez por ciento en la recaudación del ISR ni una reducción de las participaciones federales”.
Cuestionó también la contradicción del discurso oficial, que presume exportaciones históricas como prueba del buen desempeño económico, mientras los ingresos tributarios disminuyen y la Federación dispone de menos recursos para distribuir entre los estados.
Las participaciones federales, dijo, representan una de las principales fuentes de ingresos de los estados y municipios y, cuando disminuyen, se frenan obras de infraestructura, se pospone el mantenimiento de carreteras y se limita la capacidad para invertir en agua potable, drenaje, alumbrado público y otros servicios básicos; además, se comprometen programas sociales que afectan a millones de familias.
La diputada por Chihuahua insistió en que no hubo previsión ni una estrategia para amortiguar el impacto y “una vez más, son los estados, los municipios y, sobre todo, los ciudadanos quienes terminan pagando las consecuencias de una política económica que privilegia destinar recursos a obras faraónicas sin resultados, como la refinería de Dos Bocas, que enfrenta accidente tras accidente; lo mismo ocurre con el Tren Interoceánico, sin dejar de mencionar el Tren Maya y el AIFA”.
