Detenciones y clausuras-Semáforo sanitario-Salvado-Arde NCG

DE APROBARSE HOY y publicarse mañana el nuevo Acuerdo de medidas y sanciones COVID-19 que firmó el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, la policía municipal tendría facultades para multar y arrestar hasta por 36 horas a quienes no respeten la no concentración de personas en espacios abiertos, mientras que los agentes de gobernación estatal podrán cerrar de un plumazo clubes, restaurantes y negocios que no se ajusten al cumplimiento estricto de las nuevas medidas restrictivas de acceso y aforo en sus establecimientos, con motivo de la contingencia sanitaria.

Será un Acuerdo estricto, algunos se sorprenderán, pero la exigencia de usar cubrebocas en la calle, así como no poder correr, caminar o pasear al perro en el parque “en bolita” sin las medidas sanitarias, meterán a la autoridad en el brete de pisar la delgada línea que divide las garantías individuales y derecho al libre tránsito, con el acatamiento a las nuevas medidas que eviten la dispersión de la pandemia.

Y es que México como País, al igual que Chihuahua como estado y como Ciudad, se encuentra imparable en la propagación del virus. El mejor ejemplo es que a nivel nacional cerramos ayer con 41 mil 908 casos confirmados por COVID-19, esto es que nos ubicamos a 3 mil 646 casos de convertirnos en el tercer lugar mundial. Solamente seríamos superados por Estados Unidos y Brasil, pues la proyección es que para el próximo lunes se rebase en la tabla mundial a quien hoy ocupa el lugar número tres, que es Reino Unido con 45 mil 554 muertos.

******

Y ES QUE no es ni la responsabilidad de los ciudadanos, ni el respeto al prójimo y usar el cubrebocas cuando se sale de casa, sino la estrategia que planteó la Secretaría de Salud del gobierno estatal para reducir la movilidad que diariamente se desborda en las principales ciudades del estado y hasta en localidades más pequeñas, lo que podría salvar a Chihuahua de regresar al color en el semáforo epidemiológico, ese que hoy será presentado y que deberá ser acatado si es que se quiere salir vivo de esta pandemia que no cesa. Y es que la intención de implementar una semaforización mixta que permita reducir horarios y aforos a negocios, en especial en restaurantes e incluso en actividades al aire libre, es lo que le daría el oxígeno al estado para continuar en el color naranja del semáforo y no regresar al rojo, pues si nos vamos con los números fríos de la estadística hospitalaria y el incremento en los contagios por COVID-19, el gobierno federal y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de un plumazo colocarían a Chihuahua en el color rojo carmesí, sin embargo, por ahí va la tirada de recrudecer las sanciones a los fiesteros y a todo aquel ciudadano al que poco le importa el prójimo y su comunidad, ya que regresar al semáforo rojo, de plano le daría el tiro de gracia a la tambaleante economía.

******

CON TODO Y las múltiples denuncias por nepotismo, peculado y desvío de recursos que pesan su contra en la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, el súper delegado Juan Carlos Loera puede estar tranquilo, que seguramente lo está, al menos hasta que pasen las elecciones del 2021, pues con todo y que las denuncias mencionadas fueron interpuestas por sus mismos compañeros de Morena, los malosos nos comentan que por cuestiones electorales, es decir, por la politiquería que tanto critica Andrés Manuel López Obrador, la orden va en ese sentido, y es que por más que estén embarrados en lodo de la presunta corrupción y de utilizar los programas sociales a su antojo, no se tocará ni con el pétalo de una rosa a los funcionarios federales que anden hasta las manitas de señalamientos, ya que quedarían exhibidos que ellos, los de la 4T, son más sucios, políticamente hablando, claro está, que sus antecesores priistas o panistas, a quienes vaya que les aprendieron mañas similares.

Es así que aunque en el escritorio de Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, no solamente se encuentran las denuncias contra Loera, sino contra sus homólogos de Guerrero, Durango y otros tantos estados, el jefe supremo de la 4T ya descalificó desde su púlpito mañanera esas acusaciones, aseverando, como suele hacerlo a diario, que se trata de “politiquería por cuestiones electorales”, otra de sus frases que deberían quedar patentadas.

******

FUE LA GUARDIA Nacional la que le metió un susto marca “acme” al Partido Revolucionario Institucional, pues con un comunicado oficial informó de la detención de dos personas presuntamente ligadas a la masacre ocurrida en contra de la familia LeBaron en el municipio de Bavispe, Sonora, las cuales al momento de ser detenidas se encontraban acompañadas ni más ni menos que por el presidente del CDM de Nuevo Casas Grandes del tricolor, Yuriel Armando González Lara.

El priísta, abogado de profesión, fue inicialmente detenido por la GN y trasladado junto a las dos personas que posteriormente fueron ligados como integrantes de un grupo delictivo que participaron en la masacre contra los LeBaron. A las pocas horas los militares dejaron en libertad de irse al abogado de las instalaciones castrenses, y ahora la familia revolucionaria se encuentra en el dilema de ratificar o no la titularidad de González Lara como jefe del priísmo en aquél municipio.

Y es que este fin de semana el chamaco Yuriel participaría en la ratificación y elección de nuevos dirigentes municipales del PRI, en un acto -virtual eso sí- más que cacaraqueado por el dirigente estatal Omar Bazán, en el cual se contempla que por videoconferencia cuente con la “bendición” del dirigente nacional Alejandro Moreno. Hasta anoche los tricolores en la cúpula estatal debatían lo negativo de que el chaval envuelto en el escándalo aparezca en la misma pantalla que Omar Bazán y “Alito”, por aquello del no te entumas judicial que se avecina en esa región del estado que se encuentra más que encendida por la narcoviolencia.

******

CONTINUANDO CON LA 4T y su ceguera selectiva, los que no se midieron con tal de justificar lo que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el agua de las presas de Chihuahua, son el politólogo español Abraham Mendieta y el periodista Alfredo Jalife-Rahme, conocidos aplaudidores de la mentada Cuarta Transformación, y es que en redes sociales, Jalife compartió un tuit de Mendieta, en donde acusaban al diputado federal del PAN, Mario Mata, de hacer negocio y vender el agua de las presas de Chihuahua, lo que por supuesto enfureció al legislador panista, a quien ya le abrieron una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República por abanderar la defensa del agua, así, con todo y fuero. El hecho es que así, jugando al teléfono descompuesto, Jalife y Mendieta “escucharon” que alguien vendió y hace negocio con el agua de las presas de Chihuahua, pero lo que no entendieron, es que el señalado es Poncho Romo, el magnate de ultraderecha que López Obrador puso como Jefe de la Oficina de Presidencia.