La Administración Trump busca dar un paso más allá en su cruzada contra las drogas y señala al poder político además de a los grandes carteles de México.
Nueva escalada de tensión entre Sheinbaum y Trump. Dentro de su cruzada contra el narcotráfico, Estados Unidos está investigando a dos gobernadores mexicanos por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Según ha revelado este miércoles el periódico estadounidense Los Angeles Times, los investigados son Alfonso Durazo y Américo Villarreal, gobernadores de Sonora y Tamaulipas y dos aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los dos políticos han perdido sus visas para poder entrar a los Estados Unidos, aunque han seguido accediendo de forma regular al país dentro de un trato para cooperar con las autoridades.
De hecho, las fuentes consultadas por Los Angeles Times aseguran que este permiso ya fue cancelado hace un año para Durazo, aunque ha estado ingresando en el país para tratarse un problema de salud.
Durazo se ha convertido en uno de los dirigentes con mayor peso dentro del círculo de Sheinbaum.
De hecho, ya tuvo un gran peso en su momento junto a Andrés Manuel López Obrador. Fue su secretario de Seguridad y ayudó a implementar su estrategia de “abrazos y no balazos”.
Por su parte, Villarreal, de 68 años, también ha estado entrando regularmente a los Estados Unidos a pesar de que le han retirado la visa ya que está dentro de un programa de libertad condicional. Incluso, cuando cruza la frontera, lo hace escoltado por funcionarios estadounidenses.
La investigación contra él tiene que ver con el contrabando de combustible adulterado, que en México se conoce como huachicol. Un negocio que es ilegal y que en el país da muchos beneficios económicos.
En un comunicado, el gobernador negó haber cometido ninguna irregularidad y sacó pecho asegurando que las acusaciones eran falsas y que no había pruebas. Además, afirmó que durante su carrera política siempre ha sido transparente, responsable y que ha respetado la ley.
De todas formas, el lugar donde es Gobernador, Tamaulipas, es un claro paso para el contrabando de combustible, tanto de entrada a los Estados Unidos como de salida. Tanto es así, que otros gobernadores han sido investigados por lo mismo antes que él.
México y Estados Unidos
Este nuevo movimiento de la Administración Trump amenaza con debilitar al partido de Sheinbaum y tensar aún más la relación entre los dos países.
Aunque históricamente la lucha de los Estados Unidos contra las drogas, inaugurada por Bush con su War on Drugs, se centraba en los grandes carteles, Trump parece querer dar un paso más.
Ahora se centra en el político y es que estos dos nuevos investigados no son los primeros. Ya en abril de este mismo año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por colaborar con los carteles.
En concreto, las autoridades estadounidenses le acusaban, junto a otros nueve funcionarios que en ese momento estaban en el cargo o anteriores, de ayudar al cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, a cambio de millones dólares en sobornos y en favores electorales.
La escalada de tensión llega en un momento crítico puesto que el próximo mes se iniciarán las revisiones del acuerdo de libre comercio entre ambos con Canadá.
Sheinbaum y Trump
Los enfrentamientos entre ambos se han ido sucediendo durante los años, en una relación ya de por sí tensionada.
Nada más pisar la Casa Blanca por segunda vez, el estadounidense designó a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas e hizo presión para que sus fuerzas pudieran atacarlos en territorio mexicano.
Algo que no gustó a Sheinbaum por considerar que esto vulneraba su soberanía sobre el territorio.
Desde entonces, sus reproches cruzados han sido habituales. Recientemente en un mitin político, Sheinbaum se refería al ensañamiento de Trump con el narcotráfico. “¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado?”, se preguntaba la presidenta.
“¿O acaso estamos presenciando cómo sectores de la ultraderecha estadounidense están utilizando nuestro país para posicionarse de cara a las elecciones de 2026? ¿O pretenden influir en las elecciones de 2027 en nuestro país?”
A su vez, la presidenta desestimó la investigación tachándola de un intento de desprestigio por parte de la Administración Trump. Algo que no gustó al otro lado del charco.
En un mensaje de X, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, criticó su postura. “La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos”, escribió Johnson.
“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío de seguridad común en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra alianza y proteger a las personas a las que servimos”, añadió.
