Ciudad de México. Tras un amplio y controvertido debate, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret seguir utilizando elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad turística, al considerar que la protección de este patrimonio es de interés público y social lo que tiene mayor peso que el interés comercial de una empresa privada.
Con ello, la empresa deberá retirar esa simbología de su publicidad y de su sitio web mientras se resuelve el litigio de fondo que mantiene con integrantes de la comunidad maya y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
“Qué bueno que las empresas vengan e inviertan en México, pero eso no las faculta a disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas ni del patrimonio de la nación”, dijo la ministra María Estela Ríos González al defender su proyecto que tumbó la medida cautelar.
El debate del Pleno -en el que se reconoció que hubo presiones para frenarlo- se extendió por una hora con 43 minutos, aunque el proyecto de Ríos González sobre un recurso de revisión en incidente de suspensión fue aprobado por siete votos contra dos.
Y es que la ministra Yasmín Esquivel Mossa hizo una férrea defensa por mantener la suspensión a favor de Xcaret, al sostener que la empresa contaba con autorización del Gran Consejo Maya de Quintana Roo (GCM) mediante un contrato por cinco años y una contraprestación de 15 millones de pesos para el uso y aprovechamiento del patrimonio cultural maya, lo que —afirmó— acredita la apariencia del buen derecho sin afectar a la colectividad.
Asimismo, cuestionó que, pese a tratarse únicamente de una medida cautelar, el Pleno se adelanta a prejuzgar el fondo del litigio e invalida de facto dicho convenio. Advirtió que retirar la publicidad impactaría de inmediato a la empresa y pondría en riesgo la materia del juicio, mientras que mantenerla no genera un daño concreto.
Finalmente, contrastó que proyectos públicos como el Tren Maya utilicen símbolos culturales de la región para promover el turismo, lo que —dijo— evidencia un trato desigual.
“Entonces, yo les pregunto, para la utilización de este emblema, se requiere la autorización de indautor? Ahora, pues se usa usa el emblema sin la propia autorización de indautor.
Su uso fomenta la inversión al turismo”, dijo.
En respuesta, la ponente rechazó la comparación con el Tren Maya y defendió que no puede equipararse el uso de símbolos culturales entre proyectos públicos y privados, al subrayar que en el primero hubo consulta a comunidades indígenas. “No es posible equiparar el uso de esos símbolos para una empresa privada y para una empresa pública… esa comparación es ineficaz”, afirmó.
Sostuvo que el contrato de Xcaret con el GCM no acredita el consentimiento de todo el pueblo maya —integrado por mil 21 comunidades en Campeche, Quintana Roo y Yucatán—, aunque aclaró que no se cuestiona la legitimidad del Consejo.
Además, justificó que su propuesta se basa en el artículo 2 constitucional y en estándares internacionales que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su patrimonio e identidad, y tras escuchar a todos los interesados, desde la empresa, el GCM, al Indautor y hasta al gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama.
La propuesta fue aplaudida por otros togados, como Loretta Ortiz Ahlf, quien dijo: “La felicito por su proyecto, porque necesitó valentía para presentarlo. Es un asunto en el que fue muy —eso es lo que su servidora considera— muy presionada”.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, también reconoció el proyecto, y coincidió que el contrato de transición no fue suficiente para que la empresa lucre con dichos elementos culturales.
“Ese es el punto porque el estándar legal y constitucional dice que los pueblos y comunidades, que son titulares de su patrimonio cultural, solamente pueden otorgar su consentimiento vía un procedimiento de consulta previa libre e informada, es decir, aún existiendo el contrato, ese contrato tendría que haberse sometido a una consulta previa, libre e informada”, dijo.
El ministro Arístides Guerrero García también votó en contra, proponiendo posponer la votación para escuchar a las partes e incluso abrir una consulta pública. Sin embargo, María Estela respondió que ya había otorgado audiencia y subrayó que el asunto ya se había pospuesto previamente, pues fue enlistado el 6, 11 y 17 de marzo pasados: “Ya acepté una vez que se retirara. Pero esta vez no”, enfatizó.
También el ministro presidente respondió que, por ahora, el debate se centra en la suspensión, mientras que la consulta pública requiere procedimientos específicos que exceden este tema y corresponden al fondo del asunto, aunque probablemente vuelva a ser revisado por la Corte tras agotarse en tribunales.
El conflicto comenzó en 2022, cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo denunció a Grupo Xcaret ante el INDAUTOR por uso indebido de patrimonio cultural; tras imponer medidas para retirar contenidos, ambas partes firmaron un acuerdo y el Consejo se desistió, decisión aceptada el 18 de agosto de 2023. No obstante, otros integrantes del pueblo maya continuaron el litigio.
En septiembre de 2024, INDAUTOR ordenó ejecutar las medidas y, ante el incumplimiento, en octubre impuso nuevas órdenes y una multa. La empresa obtuvo una suspensión en febrero de 2025, pero esta fue impugnada en marzo y abril por el Indautor y representantes mayas; tras una revisión adhesiva en mayo, el caso fue atraído por la Suprema Corte en octubre de 2025.
