El uso del brazalete electrónico que lleva el exgobernador César Duarte, ha generado un serio problema en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México. La seguridad del centro penitenciario se encuentra comprometida debido a que el dispositivo interfiere con los sistemas electrónicos de vigilancia, lo que podría poner en riesgo tanto a internos, como al personal y visitantes.
El director del penal, Luis Fernando Mendoza Castellanos, solicitó formalmente a una juez federal el retiro del brazalete, argumentando que su funcionamiento provoca interferencias en los equipos de monitoreo, limitando la capacidad de control y respuesta del centro penitenciario. La decisión de autorizar el uso de dicho dispositivo se tomó por un juez local de Chihuahua en junio de 2024, en el contexto de un proceso en el que Duarte enfrenta acusaciones de presunto peculado durante su mandato (2010-2016).
El exgobernador de Chihuahua paga aproximadamente 27 mil pesos mensuales por el uso del brazalete, que incluye una cuota inicial de unos 20 mil pesos. La operadora responsable del dispositivo es una empresa mexicana llamada GPS Monitor Rastreo Satelital, cuyo representante legal ha señalado que la tecnología cumple con los requisitos de monitoreo en libertad ante el proceso judicial en curso.
Este incidente revela los desafíos que enfrentan las autoridades mexicanas para mantener la seguridad en sus instalaciones penitenciarias, a pesar del despliegue de tecnologías y recursos económicos que se destinan a ello. La presencia de dispositivos electrónicos ilegales en penales federales, especialmente en centros de máxima seguridad, ha sido una problemática persistente en el país. La interferencia ocasionada por el brazalete de Duarte destaca la vulnerabilidad de los sistemas de vigilancia y la necesidad de estrategias más efectivas para garantizar el control de los internos.
Es relevante además entender que, en un contexto donde las instituciones de seguridad invierten millones en tecnología avanzada, la manipulación de dispositivos personales en los centros penitenciarios evidencia las limitaciones actuales y la importancia de fortalecer las medidas de control y fiscalización de los objetos permitidos en estos espacios.
