La 68 Legislatura de Chihuahua acordó por mayoría de votos, presentar una Controversia Constitucional en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre.
Lo anterior a la par de exhortar a la minoría parlamentaria de la oposición del Senado de la República, a que promueva una acción de inconstitucionalidad contra de dicho decreto.
En ese sentido, el diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC), iniciador de la proposición, aseguró que la nueva realidad constitucional crea una crisis en la división de poderes, subordinando el Poder Judicial al Ejecutivo, por tanto, es necesario que la reforma judicial sea controlada por la propia Constitución, es decir que sea analizada bajo los mecanismos de impugnación existentes para que se determinen dos extremos: la forma en que se creó, es decir el proceso legislativo y el fondo, lo que implica determinar si la reforma transgrede la organización política de México.
Subrayó que el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, estipula quienes pueden promover Controversia Constitucionales, en el caso la Federación y un Entidad Federativa al romper el pacto Federal, por lo tanto, existe la posibilidad que el ente jurisdiccional local, pueda promover una controversia, al invadir la competencia y Soberanía de un Estado.
En tribuna, el legislador recordó que el día 15 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Sin embargo, dijo, tras la promulgación de la reforma al Poder Judicial, el presidente de México, incurrió en desacato al no sujetarse a la suspensión provisional concedida por un Tribunal Colegiado en el Estado de Colima, lo cual es inadmisible ya que, al vivir en un Estado Constitucional, Democrático y de Derecho se deben de respetar las instituciones, y por ende las resoluciones emanadas de ellas.
Así, ante el inconcuso actuar autoritario y el desprecio del presidente de la República hacia las resoluciones judiciales se debe hacer valer la constitucionalidad y convencionalidad de la reforma a la Carta Magna.
