La mayoría de Morena y aliados aprobó en el Senado de la República las reformas constitucionales que modifican la naturaleza jurídica de “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado” y asegurar la prevalencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.
La modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución fue avalada por 86 votos a favor del oficialismo y del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, 39 en contra de la oposición y la abstención de la senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano (MC). No se aceptaron las reservas presentadas por el PAN, PRI, PVEM y MC.
Las reformas fueron enviadas a los congresos locales. Se requiere de que al menos 17 legislaturas la aprueben para que pueda ser publicada en el Diario Oficial y entre en vigor.
La iniciativa, presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 4 de febrero y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, la CFE, cuya esencia es “cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad”.
Por lo tanto, considera que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, como el litio y el servicio de Internet que provea.
Puntualiza que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivos asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado establecida.
Previamente, la Cámara de Diputados modificó el proyecto y suprimió del dictamen de la reforma al artículo 27 constitucional el párrafo que señalaba que “el Estado queda a cargo de la transición energética”.
La reserva fue presentada en su momento por la diputada morenista Ana Elizabeth Ayala Leyva . En el caso del artículo 27, se eliminó el párrafo mencionado, que además establecía que el Estado “utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
En el caso del artículo 28 se suprimió de los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor”.
Las reformas establecen que las concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Así, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de las reformas, para realizar las adecuaciones a las leyes secundarias.
La morenista Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, aseguró que con la aprobación del proyecto se dan “pasos firmes” para la recuperación de la soberanía energética del país, por lo que consideró que se revierten los cambios que se realizaron con la reforma energética de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que lo único que pretendía era “desmantelar” a Pemex y CFE, “para chatarrizarlas y entregarlas al mejor postor”.
Mientras que por el PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez aseguró que la reforma representa una regresión en materia energética, ya que pretende “endosarle” a las y los mexicanos el déficit bajo el que operan Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad; es decir que, se comprometerá el futuro de las siguientes generaciones, “bajo el argumento nacionalista de la soberanía energética”.
La senadora priista Mely Romero Celis advirtió que Pemex y la CFE no tienen capacidad de generar los recursos necesarios para sostenerse sin colaboración de privados, por lo que “mucho menos podrán sostener la soberanía energética que se busca promover”; consideró, por tanto, que esta reforma únicamente “subsidia la ineficiencia” y es un “retroceso disfrazado de progreso”.
Por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda calificó la enmienda de “regresiva, contaminante y obsoleta”, entre otros factores, por omitir la transición a combustibles limpios; en ese sentido, subrayó que, aunque la descarbonización de la energía tiene grandes desafíos y costos, es necesaria para contribuir a la salud pública, particularmente la de las futuras generaciones.
La sesión duró más de seis horas, en las que estuvo presente la figura del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, condenado a más de 38 años de prisión en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico. Morena desplegó una manta con la frase: “Genaro García Luna, narcotraficante, Felipe Calderón su jefe”.
