Desde el domingo 29 de septiembre la compra de perros, gatos y hurones en tiendas de España está prohibida y solo se podrá realizar a través de criadores que estén registrados como tales. Es una de las cuestiones reguladas por Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que busca garantizar que los animales hayan sido criados en buenas condiciones y que cuentan con todas las garantías sanitarias. El grueso de la norma entró en vigor el 29 de septiembre de 2024, pero dio un año de margen de adaptación a estos establecimientos comerciales. El incumplimiento de este precepto implicará una sanción de entre 50.001 y 200.000 euros.
Cuando se realice una venta se debe comunicar al Registro de Animales de Compañía en los tres días hábiles posteriores. Los perros y gatos deberán tener un mínimo de dos meses en el momento de la adquisición si esta se realiza desde el núcleo zoológico declarado como su lugar de nacimiento. Eduardo Díaz, veterinario y criador de rotweiler desde hace 35 años, explica la importancia de que los perros, que interactúan de forma directa con sus propietarios, estén criados por profesionales. “Se evitan compras compulsivas, y te pueden aconsejar cuál es el perro más recomendable. Porque si se adquiere por estética, al ver un cachorro muy bonito, puede ser que su carácter cuando crezca no sea el que esperabas”, comenta. En cuanto a la prohibición de venta en las tiendas, no sabe “si es muy justo, porque es un sector que se va a resentir y quizá se podría canalizar de alguna forma”, indica.
El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, indica que están buscando la forma legal para que esta prohibición “sea lo menos lesiva posible para los establecimientos comerciales, pero cumpliendo la normativa porque esta veta específicamente la actividad de intermediación. “Que puedan mantener alguna actividad de asesoramiento comercial, o algo similar”, añade. Esta aclaración se producirá con el desarrollo reglamentario de la ley, que todavía no se ha producido. El 15 de septiembre finalizó el plazo de aportaciones de las comunidades autónomas y la dirección general de Derechos de los Animales espera que el documento salga a información pública a mediados de octubre. A partir de ahí, los plazos son más complicados de determinar porque se precisan los informes de otros ministerios.
Información tomada de El País
