Sindicatos de los sectores aéreo y marítimo denunciaron la persistencia del cabotaje (transporte nacional operado por extranjeros) y tercerización de trabajadores por empresas extranjeras en México, así como la falta de inspecciones de las autoridades regulatorias.
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios (La Orden) señalaron que estas irregularidades se mantienen pese a las reformas laborales de 2019, sobre libre asociación y negociación colectiva, y de 2021, que elimina el ‘outsourcing’ o subcontratación laboral.
El secretario general de ASPA, el capitán Jesús Ortiz Álvarez, expuso en una conferencia de prensa que por lo menos cuatro de cada 10 trabajadores mexicanos están bajo un sistema de tercerización ilegal.
En tanto, el secretario general de la Orden, el capitán Antonio Rodríguez Fritz, estimó entre 30 mil y 40 mil mexicanos en la industria marítima mercante bajo el mismo esquema de subcontratación laboral.
Aunque Rodríguez Fritz detalló que no hay una cifra oficial de las empresas que operan buques en el país sugirió que hay centenares de compañías que operan de forma irregular.
Además, ambos líderes sindicales denunciaron que estas empresas también afectan al mercado laboral nacional, pues también contratan a personal extranjero, muchas veces, con la justificación de que son empleos técnicos que no pueden realizar mexicanos.
Rodríguez Fritz indicó que son afectaciones “terribles” porque se “están robando el empleo que podría tener un mexicano”, al tiempo que afectan a las industrias nacionales y repercuten en los ingresos tributarios del país, de donde también nace el gasto social y el de infraestructura.
Añadió que es también una cuestión de soberanía nacional, por lo que, “aun cuando estén operando con embarcaciones o banderas extranjeras, deberían cumplir con toda la normatividad mexicana”.
“Sin embargo, lo hacen escondidos en la oscuridad”, criticó.
Asimismo, ambas organizaciones sindicales enunciaron prácticas de cabotaje tanto en mar como en el aire.
En el caso marítimo, la Orden ha identificado una concentración mayor de estas prácticas en el sureste mexicano, en especial, en la Sonda de Campeche, donde se encuentra la mayor actividad marítima (‘offshore’) de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
En este sentido, acusó a la petrolera estatal mexicana de ser partícipe de estas irregularidades, pues permite celebrar contratos con las empresas denunciadas e, incluso, maneja una “lista negra” para evitar contratar personal afiliado a un sindicato o que haya demandado ante un tribunal afectaciones a derechos laborales.
En aeronáutica, Ortiz Álvarez señaló a la empresa VivaAerobus de operar siete aeronaves con matrículas extranjeras, provenientes de Malasia, en todo el territorio mexicano, así como de contratar sobrecargos y pilotos extranjeros para su operación, sin parte de las regulaciones requeridas.
Las asociaciones sindicales pidieron fortalecer las inspecciones laborales para corregir estas prácticas irregulares que repercuten en derechos de los trabajadores.
“Requerimos desde la política pública una verificación, necesitamos que la inspección del trabajo se amplíe en sus facultades”, concluyó el abogado Pablo Franco de Ilaw Network.
