La Justicia francesa ya se ha pronunciado. Ya sabemos los motivos oficiales de por qué se ha detenido a Pavel Durov, CEO de Telegram. Se le acusa de 12 delitos distintos. Unas acusaciones que podemos diferenciar en varios grupos, desde las relacionadas con la moderación de contenidos hasta las que giran sobre el propio cifrado utilizado por Telegram.
Complicidad de actividades ilegales. La detención se produce en base a una solicitud de la sección J3 de JUNALCO, de lucha contra el cibercrimen. Entre los delitos que se imputan a Pavel Durov se encuentran varios de complicidad. Es decir, de haber permitido y colaborado para que se produzcan ciertos delitos.
Este es el listado:
- Complicidad: uso de una plataforma online para permitir una transacción ilegal en un grupo organizado
- Complicidad: posesión de imágenes pornográficas de menores
- Complicidad: distribución, oferta o puesta a disposición de imágenes pornográficas de menores, en un grupo organizado
- Complicidad: adquisición, transporte, posesión, oferta o venta de sustancias
narcóticas - Complicidad: oferta, venta o puesta a disposición, sin motivo legítimo,
equipos, herramientas, programas o datos diseñados o adaptados para obtener acceso a y dañar el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos - Complicidad: fraude organizado
Desde pornografía infantil hasta venta de drogas, pasando por malware. Actividades claramente ilegales que todas las plataformas tienen obligación de impedir si detectan que se están produciendo.
Negarse a cooperar. Desde un primer momento hemos sabido que uno de los argumentos para detener a Pavel Durov era que se negó a cooperar con las autoridades de su país, ya que el CEO de Telegram dispone de la nacionalidad francesa, pese a su origen ruso y su nacionalidad adicional de los Emiratos Árabes Unidos.
La Justicia lo describe como una «negativa a comunicar, a petición de las autoridades competentes, información o documentos necesarios para la realización y funcionamiento de las interceptaciones permitidas por la ley».
Mirar hacia otro lado en crímenes y blanqueo de capital. Más grave es la acusación que se hace a Pavel Durov de haber permitido cometer crímenes u ofensas con penas de más de 5 años de cárcel. Se le acusa de asociación criminal, implicando que su no acción habría desencadenado en un crimen o una muy grave ofensa.
Otra acusación es la de «blanqueo de capitales procedentes de delitos y delitos cometidos por grupos organizados», implicando que Pavel Durov habría ayudado a obtener beneficios ilícitos a determinados grupos.
¿Qué significa que Telegram no dispone de cifrado certificado? Los tres últimos delitos que se le imputan están relacionados con el cifrado de Telegram y exponen que la aplicación de mensajería no habría obtenido el certificado correspondiente. Así se describe:
- Prestación de servicios de criptología destinados a garantizar la confidencialidad sin declaración certificada
- Suministro de una herramienta criptológica que no solo garantice la autenticación o el control de integridad sin declaración previa
- Importación de una herramienta criptológica que garantice la autenticación o el control de integridad sin declaración previa.
Papeleo. Tenemos varias palabras clave: «declaración certificada» y «declaración previa». Según describe Eva Galperin, Directora de Ciberseguridad de la Electronic Frontier Foundation (EFF): «parece que una declaración certificada es legalmente vinculante y debe realizarse ante un juez». Un papeleo que «parece ser familiar para las personas que crean aplicaciones de chat encriptadas que funcionan en Francia».
En el momento de escribir este artículo, la web francesa que describe esta regulación no se encuentra disponible.
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El gobierno de Francia se desmarca de las decisiones del juez. Emmanuel Macron se encuentra inmerso en su propia batalla política después de las elecciones francesas. Sobre esta detención, el presidente francés explica que Francia está «apegada a la libertad de expresión y comunicación» y que esta detención se ha «producido en el marco de una investigación judicial en curso». A lo que añade que «no es en modo alguno una decisión política y corresponde a los jueces decidir».
