El parlamento venezolano, controlado por el chavismo gobernante, aprobó este jueves una ley para regular las ONGs, la primera de un paquete legislativo solicitado por el presidente Nicolás Maduro en medio de la crisis generada tras su cuestionada reelección el 28 de julio.
«Queda aprobada por unanimidad (…) la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro», dijo el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.
La norma obliga a las ONGs y organizaciones sociales sin fines de lucro, por ejemplo, a inscribirse en un registro local y hacer una «relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros» bajo la supervisión del Ministerio de Interior.
Su incumplimiento implica multas que pueden llegar a 10 mildólares.
El texto forma parte del paquete de leyes solicitadas por Maduro que incluye una ley para «castigar» el fascismo, término con el que califican a sus detractores, que será discutida la próxima semana.
También se ha planteado la discusión de la regulación de las redes sociales como parte del paquete jurídico, acelerado tras la reelección de Maduro en un intento por frenar los «ataques» de la oposición en su contra, que reivindica la victoria de Edmundo González Urrutia.
Según expertos y activistas, estas leyes buscan restringir el espacio cívico e incriminar a opositores.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había igualmente pedido a las autoridades frenar la aprobación de «leyes que socaven el espacio cívico y democrático».
«Bienvenidos a Nicaragua», dijo, en tanto, Ali Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, que ha criticado la ley por limitar los derechos civiles.
La ley de las ONGs fue planteada en enero de 2023 por el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, quien acusó a más de 60 ONGs de «desestabilizar» el país.
Sin embargo, la aprobación definitiva fue pospuesta en dos ocasiones en medio de una ola de críticas.
El último aplazamiento ocurrió el martes, cuando los diputados debatían sobre el lapso de suspensión de las organizaciones en caso de que incumplan algunas de las normas establecidas. En principio se planteaba un lapso de suspensión de 30 días, ahora no hay un período definido.
En la región hay normas similares en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.
