El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda celebró la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua, señalando que con ello, se pone al peatón por encima de los vehículos particulares y de transporte público.
«Creo que lo más importante para subrayar es que se pone al peatón, se pone a la persona por encima de los vehículos particulares, incluso por encima de los vehículos de transporte público y entendamos que las ciudades deben estar diseñadas para quienes vivimos en ellas y no para los vehículos que transitan en ella».
De la Peña Grajeda destacó que las autoridades deberán ponerse al día con la nueva legislación de manera inmediata, a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas y traer beneficios a la movilidad del Estado.
«Estamos homologando la Ley de Movilidad a lo que sucede a nivel nacional y eso es un primer paso y hay que reconocerle a los legisladores que a través de este trabajo ponen la legislación del Estado de Chihuahua en materia de movilidad la ponen al día y alineada a lo que sucede a nivel federal».
La Ley de Movilidad y Seguridad Vial entrará en vigor el primero de enero del año 2025 previa aparición en el Periódico Oficial del Estado, posteriormente, correrá un plazo de 180 días naturales para que el Poder Ejecutivo conforme el Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, emitir los reglamentos respectivos, y adecuar los lineamientos, acuerdos y demás disposiciones administrativas vigentes, así como presentar, en su caso, las iniciativas de ley o decreto que estime pertinentes para dar cabal cumplimiento al ordenamiento expedido.
Dicha legislación tiene como objetivo el regular y vigilar el tránsito seguro y los factores de riesgo vial; garantizar la participación social efectiva en los programas y proyectos de movilidad; establecer mecanismos fiscales y de financiamiento e inversión pública.
Asimismo, garantizar la capacidad, conocimiento y pericia de las y los conductores de vehículos; implementar el diseño vial seguro y accesible en todas las calles y carreteras; garantizar los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito; implementar registros de información en materia de movilidad y seguridad vial; promover la cobertura, calidad y asequibilidad de los servicios de transporte público; reducir la demanda y compensar el costo del uso de los automóviles particulares y, diseñar instrumentos de planeación integral de la movilidad y el territorio.
De las acciones a regular, por mencionar algunas, son las siguientes: velocidades máximas con base en la Ley General; niveles máximos de alcohol con base en la Ley General; cinturones de seguridad; sistemas de retención infantil; casco para motociclistas; preferencia de paso de peatones; normas de protección a ciclistas.
Además de: examen de conocimientos y habilidades para licencia de conducir, suspensión y cancelación de licencias; prioridad para peatones y ciclistas; movilidad de cuidado; derechos de las víctimas de siniestros de tránsito; control y tarificación del estacionamiento en vía pública; entre otras.
