El pasado viernes 21 de junio se dio a conocer que María de los Ángeles Álvarez Hurtado presentó su renuncia como titular de la Secretaría de la Función Pública y en su lugar, asumirá Roberto Fierro Duarte, exfiscal general del Estado y titular del Área Jurídica en la Secretaría de Hacienda.
No obstante, según el artículo 93, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, tanto la renuncia de la titular como el nombramiento de un nuevo secretario o secretaria, deben contar con la aprobación del Congreso del Estado.
Dicho artículo de la Constitución, detalla las facultades y obligaciones de la persona que ocupa el Poder Ejecutivo:
Fracción XXII: Nombrar y remover libremente al Secretario General de Gobierno, Secretarios, Coordinadores y Directores, y recibirles la protesta de ley, pudiendo recabar la opinión del Congreso del Estado, si lo estimare conducente.
Nombrar a quienes ocupen la titularidad de la Fiscalía General del Estado, y de la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo y someterlo a la aprobación del Congreso del Estado.
Para remover de sus cargos a las personas titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo, el Gobernador deberá someterlo a la aprobación del Congreso del Estado.
Quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General designará a las y los Fiscales Especializados, en los términos que se establezca en su ley orgánica y el Gobernador les extenderá su nombramiento y tomará su protesta de ley.
El Gobernador removerá libremente al resto de las y los Fiscales Especializados.
