El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Miguel Nájera Villegas dio a conocer que viene un menor dinamismo económico para el país con el cambio de gobierno, se espera dar una ligero incremento en la expectativa de crecimiento del año anterior, sin embargo, las nuevas modificaciones que ha dado a conocer el gobierno federal entrante de Claudia Sheinbaum podrían alejar inversiones privadas.
En este sentido informó que hay una expectativa de crecimiento ligeramente menor para este año, bajando una décima de punto para ubicarse en 2.1%. Además, las inercias inflacionarias también modifican al alza -por una décima- la expectativa de este índice, que se ubica ahora en 4.3%. Nuestra perspectiva de tasa de política monetaria sube un cuarto de punto para quedar en 10.25% hacia finales de año.
La conformación del Congreso para la siguiente legislatura plantea un ciclo de incertidumbre que ha depreciado el tipo de cambio en aproximadamente 10% y elevado las tasas del bono gubernamental de 30 años para rondar el 11%, el nivel más alto desde que este bono salió al mercado en 2006. La volatilidad es generada por la posibilidad de cambios constitucionales que inhiban la inversión privada en el corto plazo, y que pudieran comprometer la permanencia de México en sus tratados de libre comercio, especialmente el T-MEC cuyo refrendo o cancelación está programado para julio de 2026.
Ante la ganadora virtual de la contienda electoral por la república mexicana con Claudia Sheinbaum Pardo cuya gestión inicia el 1 de octubre trae consigo retos y oportunidades.
En los primeros están los déficits fiscales recurrentes –que del 3% del PIB desde 2010 se han disparado al 5% y al 6% de los RFSP este año; de no reducirse en 2025 se puede poner en riesgo la calificación soberana del país– y la situación de Pemex que reporta un capital negativo de 98 mil millones de dólares (mdd) y una deuda financiera de 106 mil mdd en 2023.
Además, la siguiente administración tiene el reto de la revisión del T-MEC en 2026 el cual permite exportar alrededor de 500 mil millones de dólares anuales en manufactura a Estados Unidos; la importancia de este tratado se demuestra en las exportaciones del resto de los países de América Latina que exportan en conjunto el 40% de esta cantidad.
Como oportunidad, México tiene a su favor el nearshoring para el que es importante desarrollar la infraestructura necesaria en cuanto a la generación de energías limpias, transmisión eléctrica, autopistas, ferrocarriles, redes de gas natural y agua, entre otros requerimientos, así como contar con seguridad pública en todos los niveles y un Estado de Derecho sólido, entendido como rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, acceso a la justicia, democracia y sistemas para combatir la corrupción, entre otras condiciones que den certeza jurídica.
Reforma judicial
En cuanto a la reforma judicial, en el IMEF consideran de suma importancia que cualquier reforma debe mantener las siguientes características:
* Un sistema de justicia capaz de resolver conflictos entre particulares y sancionar a quienes cometen delitos.
• Certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse en actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados.
* Seguridad para quienes invierten, de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole.
Cabe recordar que en 2026 se realizará una revisión del T-MEC y que este fue firmado bajo condiciones distintas a las que se prevé prevalezcan a partir de la aprobación de las reformas impulsadas por la saliente administración, en particular las relativas al establecimiento de un marco legal y comercial claro, transparente y predecible para la planificación de negocios que apoyen una mayor expansión del comercio y la inversión en México.
Por lo tanto, para los socios comerciales resultaría preocupante una sustitución del poder judicial federal diferente a la que dio marco al tratado, ya que los tribunales perderían conocimiento y seguimiento de los casos, sin mencionar la incertidumbre que habría sobre los litigios y amparos en curso.
La concentración de poder conlleva una gran responsabilidad para el nuevo gobierno, por lo que se requiere que la toma de decisiones de la nueva administración se haga con prudencia, objetividad y pragmatismo para lograr una estabilidad económica que nos permita tener un México con menor pobreza y desigualdad y, por lo tanto, un país con viabilidad de largo plazo.
