Todos los expresidentes de Colombia cerraron filas hoy contra la posibilidad de que se convoque una Asamblea Constituyente a través del contenido de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La iniciativa ha sido promovida en los últimos días por el presidente Gustavo Petro a instancias de una interpretación de su ex canciller Álvaro Leyva, quien sostiene que las altas partes contratantes del pacto de paz, el Estado colombiano y las FARC, tienen esta potestad pues el contenido de lo firmado entró al “cuerpo de constitucionalidad” del país y fue depositado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Corte de la Haya.
La polémica sobre este asunto tomó vuelo luego de que, a comienzos de este mes, Petro anunciara que acudirá al Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar que el Estado colombiano creó durante los gobiernos de Santos e Iván Duque una infranqueable muralla que hace imposible cumplir lo pactado con la guerrilla luego de más de seis años de negociaciones en La Habana (Cuba).
El jefe de Estado ya había dado puntadas sobre su intención de convocar al constituyente primario luego de que su paquete de reformas sociales sufriera todo tipo de obstáculos durante su trámite en el poder legislativo, donde las fuerzas de oposición mostraron su negativa a aprobar cambios en el actual sistema de salud, actualmente en manos del poderoso sector financiero, así como en las áreas laboral y de pensiones.
Tras una masiva movilización contra las reformas en las calles de las principales ciudades del país, el primero de mayo Petro marchó junto a los trabajadores y sectores populares, advirtiendo que si las fuerzas tradicionales se empeñaban en detener los cambios, él convocaría al pueblo para sacarlos adelante.
Los partidos de la derecha no sólo desestimaron la viabilidad jurídica de convocar a una Asamblea Constituyente sin tramitarla a través del legislativo, sino que interpretaron las advertencias del primer mandatario como “un globo” tendiente a desviar la atención nacional de los problemas de gobernabilidad y corrupción surgidos al interior del ejecutivo.
El tema pasó a un segundo plano, hasta que surgió la interpretación del ex ministro Leyva, provocando una pequeña tempestad política en la que los protagonistas han sido los ex presidentes Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022).
Según Santos, quien firmó a nombre del Estado el pacto de paz de 2016,”usar el acuerdo de paz con las Farc para convocar una constituyente es un absurdo” pues -según él- esa fue precisamente una de las lineas rojas que se mantuvo en la negociación”. En tono amenazante, el ex presidente advirtió que cualquier intento de llamar a una constituyente por vías distintas a su aprobación en el Congreso desataría el rechazo de la sociedad y -sobre todo- de las fuerzas armadas.
Ya Uribe, Pastrana y Duque se habían pronunciado en términos parecidos -a pesar de las diferencias que los separan de Santos- y esta mañana se sumó al rechazo Ernesto Samper quien dijo que la via propuesta por Leyva “sería una constituyente de facto, un salto al vacío de la inconstitucionalidad que empezaría por desconocer el Congreso y la Corte Constitucional”.
El punzante académico y analista político Hernando Gómez Buendía ironizó sobre la ola de reacciones que se ha suscitado preguntando “de dónde sacan que el acuerdo de La Habana era para cumplirlo?…la idea era que las Farc entregaran las armas y dejaran de disparar, no más”.
El debate sobre la constituyente, según la mayoría de expertos locales, sólo sirve para atizar la extrema polarización que vive el país en materia política y está siendo aprovechado por las fuerzas tradicionales para inducir al miedo a través de continuas menciones a que ha sido mediante procesos constituyentes que la mayoría de líderes de izquierda del continente han logrado extender sus mandatos.
