El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, no logró sacar adelante la proposición de ley con la que buscaba prohibir el ejercicio de la prostitución y perseguir penalmente a las personas que utilizaran este tipo de “servicios”. La única formación que apoyó la medida fue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que es la segunda fuerza y tan sólo cuenta con 120 de los 350 diputados que integran el Parlamento.
Todos los partidos que forman parte de pacto de la investidura y su socio de gobierno, Sumar, votaron en contra de la propuesta.
Desde la legislatura pasada, el gobierno de Sánchez anunció en varias ocasiones la inminente aprobación de la ley, con la que buscaba prohibir de forma explícita el ejercicio de la prostitución y, sobre todo, criminalizar a las personas que acudieran a este tipo de prácticas como “clientes”. Además de aumentar las penas y los supuestos para los proxenetas y para los grupos criminales que tienen redes de explotación sexual.
Sin embargo, esta iniciativa provocó una fractura en el seno del gobierno y en el interior del movimiento feminista, lo que se tradujo finalmente en el rechazo de la iniciativa parlamentaria, con 122 votos a favor del PSOE, Coalición Canaria (CC) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) y 184 en contra, del Partido Popular (PP), Sumar, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Junts per Catalunya (JxCat) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Mientras que los diputados de Vox (33) y Podemos (4) se abstuvieron.
La diputada de Sumar, Gala Pin, explicó los motivos por los que había decidido en este asunto romper la coalición de gobierno: “Muchas de las mujeres que la ejercen se encuentran en situaciones de transfobia, racismo, pobreza y su propuesta no aborda ninguna de esta cuestiones estructurales, solo las criminaliza. No proponen ninguna solución, ninguna propuesta económica, de acompañamiento, laboral”.
