La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que decidió sumarse a la petición de que permanezca la prisión preventiva oficiosa por tratarse de una defensa de las garantías individuales y los derechos civiles.
Ello luego de darse a conocer que los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno enviaron una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en calidad de Amicus Curiae para que no se suspenda la prisión preventiva oficiosa como parte de las medidas cautelares.
Agregó que en el caso de la Ley de Amparo, la reforma que se aprobó en semanas pasadas para impedir que se suspendan los actos contra la autoridad, se trata también de una vulneración a las garantías civiles.
«Cuando un ser humano pierde sus derechos y sus garantías civiles, como persona ya no tenemos más que perder, ya no hay garantías sociales, ni económicas ni más nada».
