El Congreso de Chihuahua tras aprobar un punto de acuerdo, exhortó al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, continúe protegiendo y garantizando la Soberanía Nacional ante los Organismos Internacionales pertinentes, para que la República del Ecuador sea sancionada ante el violento allanamiento a la Embajada de México en dicho país, en los términos del Derecho Internacional.
En días pasados el presidente de Ecuador ordenó el asalto a la embajada de México en Quito, en un hecho violatorio de las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Dentro de la redacción del acuerdo, se enfatiza que, lo sucedido es un hecho violatorio al Derecho Internacional, por ello, el Poder Legislativo chihuahuense condenó de forma fuerte y contundente dicha acción, en donde la República del Ecuador con uso de extrema violencia sometió al personal diplomático mexicano, vejando su derecho humano en particular, y dañando gravemente los derechos de la nación mexicana.
La diplomacia mexicana actuó de manera correcta, al frenar en primera instancia, las relaciones con el Estado hermano de Ecuador ante la gravedad de la falta; para luego retirar al personal diplomático en dicha nación. Se trata de un acto de dignidad, congruencia y mesura.
Es importante mencionar que aproximadamente 31 naciones en lo individual han condenado el ataque ecuatoriano a la embajada mexicana; entre ellos: Estados Unidos, Reino Unido, España, Argentina, Colombia, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Rusia. Del mismo modo, la Unión Europea y la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas han manifestado su repudio y preocupación por los hechos ocurridos en suelo ecuatoriano.
En el marco del Derecho Internacional debe quedar establecido un precedente de sanción para aquellas naciones que violenten la paz de las embajadas hermanas. Por ello, se busca tanto reconocer a la diplomacia mexicana su labor ante la crisis generada por la irresponsabilidad del gobierno ecuatoriano; y exhortarla para que continúe la representación de la nación mexicana en las instancias internacionales pertinentes.
