Las coaliciones políticas deberán integrar en sus cálculos electorales del próximo año a un grupo de personas que puede representar una fuerza de sufragios mayor que algunos de los sindicatos más grandes del país, como lo son el petrolero, el ferrocarrilero, de la UNAM o del ISSSTE.
Se trata de casi 94 mil reos sin sentencia que podrán votar por primera vez en las elecciones presidenciales.
A manera de ejemplo, personas acusadas de delitos graves que todavía se encuentran en medio de un proceso judicial, como el narcotraficante, Héctor El Güero Palma; el ex alcalde de la Benito Juárez, Christian Von Roehrich; o el implicado en el caso Florence Cassez, Israel Vallarta, podrán emitir su decisión en las boletas que repartirá el Instituto Nacional Electoral (INE) en los 270 centros penitenciarios locales y 14 federales que operan en el territorio nacional.
De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta julio pasado había 93 mil 928 presos que llevan su juicio dentro de una cárcel, de los cuales el 14 por ciento se encuentra en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), mientras que el 86 por ciento restante se ubica en las prisiones estatales.
Dicha cifra es mayor que las 88 mil 444 personas afiliadas al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y casi duplica los 50 mil 632 integrantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.
Además, los reportes obtenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia también revelan que la cantidad de personas privadas de su libertad procesadas es mayor que los 70 mil 624 afiliados al Sindicato de Trabajadores del ISSSTE y casi cuadruplica los 26 mil 600 miembros del sindicato de la UNAM.
Para que las personas privadas de la libertad puedan votar se debe llevar un procedimiento entre la SSPC y el INE, en el que, de acuerdo con programas piloto realizados en el proceso electoral de 2021, la primera debe mandar una base con los datos generales de las personas que se encuentran procesadas para integrarlas a la Lista Nominal y después los mismos reos deberán notificar mediante correo su intención de ejercer su voto.
Además, el INE implementará un modelo de voto anticipado para que los reclusos puedan realizar su sufragios entre el 6 al 20 de mayo del 2024 al interior de los centros penitenciarios que cuenten con las condiciones de seguridad y de infraestructura pertinentes para la instalación de mesas receptoras del voto.
Ante la dificultad de que representa organizar las elecciones dentro de los penales federales y estatales, diversos especialistas ven con confianza el desempeño del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo esta misión, aunque en temas de secrecía prefieren ser moderados en sus predicciones.
“Hay muchos penales donde sabemos que el crimen organizado sigue operando puesto que se siguen haciendo extorsiones desde centros penitenciarios, es por esto que se cometen una gran cantidad de ilegalidades, pero yo creo que tenemos una buena autoridad electoral que sabe organizar muy bien las elecciones”, señaló el especialista en temas electorales e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martin Reyes.
“Lo veo como algo positivo y algo que el INE ya ha venido haciendo algunos ejercicios en elecciones pasadas y para 2024 perfeccionará todavía más y honestamente con el sistema de justicia tan imperfecto que tenemos, es importante darle derecho al voto a las personas sin sentencia”, explicó Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral.
Específicamente en elecciones federales, el INE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinaron una muestra piloto en el proceso electoral 2020-2021 en el que determinaron realizar los comicios en cuatro Centros Federales de Readaptación Social varoniles y uno femenil con una población sin sentencia estimada en 2 mil 185 personas.
De esa experiencia, el INE destacó algunas conclusiones, como que la normativa de los centros penitenciarios impidió el acceso a personal adicional al del INE, tales como representantes de partidos políticos u observadores de derechos humanos y que las condiciones internas no permiten a los presos acceder a la promoción de los candidatos por los que van a emitir su sufragio.
De alcanzarse el escenario que la totalidad de presos sin sentencia emitan su voto en las elecciones de 2024, el INE deberá enfocar sus esfuerzos en algunas entidades federativas donde se registran altos índices de población en prisión preventiva como el Estado de México, Jalisco, Baja California, Ciudad de México, Veracruz y Puebla.
En estas seis entidades se ubican 42 mil 723 personas que representan el 45.4 por ciento del total de presos que se encuentran sin sentencia en las cárceles del país.
Estados con más reclusos en posibilidad de votar
Estado de México: 11 mil 437
Jalisco: 8 mil 319
Baja California: 6 mil 578
Ciudad de México: 7 mil 22
Veracruz: 4 mil 936
Puebla: 4 mil 436
Subtotal: 43 mil 723 (equivale a 45.4 por ciento del total nacional). Fuente: SSPC
Con información de Milenio
