La doble vara-EE.UU., Sinaloa y Morena-Chalecos azules y corazones rojos-La tropa judicial

Y de repente, los mariachis callaron. Y con ello quedó demostrado que a los morenistas, tan “patriotas” ellos, les importa más una dizque “traición a la patria” y la soberanía, que el combate al crimen organizado… o el tener políticos acusados de narcotráfico en sus filas. Después de casi dos semanas de rasgamiento de vestiduras y golpes de pecho con tufos de patriotismo barato, orquestando un embate brutal contra la gobernadora Maru Campos para sacar raja política, ayer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, formalizó una acusación de cinco cargos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve altos funcionarios del estado de Sinaloa, a quienes señala de haber puesto las instituciones al servicio de “Los Chapitos”. Asociación delictuosa para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; secuestro y muerte de un informante de la DEA y asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte, son los delitos de los que el vecino país acusa al mandatario estatal sinaloense y sus secuaces, mismos que a decir de EU, ha convertido a Sinaloa en un “narcoestado”, además de señalar que los hijos del “Chapo”, actualmente preso en ADX Florence, operaron con violencia e intimidaciones para que Rocha Moya ganara las elecciones el 6 de junio del 2021… y así, los mariachis callaron, incluyendo a los senadores Javier Corral, Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, los cuales habían estado muy activos en redes sociales en contra de la gobernadora Maru Campos tras el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, por cierto, fronterizo con Sinaloa. Pero ayer, de su colega de partido y quien para el Departamento de Justicia estadounidense es un narcogobernador, los patriotas senadores morenos nada tuvieron qué decir.

Es así que mientras a un gobernador se le señala de operador del narco, con todo y pruebas de por medio, hasta se le defiende, como ocurrió con el vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, sí, el mismo que siendo fiscal de la CDMX, impidió la detención de Javier Corral en agosto de 2024 por presuntos actos de corrupción, el cual afirmó que la solicitud de extradición en contra de Rocha Moya “no se acompaña de elementos probatorios suficientes”. La pregunta es: ¿irán los morenistas a pedir que el gobernador sinaloense comparezca ante el Senado? ¿O lo arroparán con ese manto de impunidad que sólo es digno para políticos corruptos y narcos de la 4T? Escupieron para arriba, y de pronto los Estados Unidos se los devolvió directo a la cara.

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En medio de esa hipocresía morenista, la cual no mide con la misma vara cuando se trata de políticos guindas y azules, entre que unos combaten el crimen organizado y otros lo solapan, ayer comenzó a circular en redes sociales un llamado a protestar para exigir la renuncia de la gobernadora Maru Campos. La impulsora es Martha Serrano, una abogada que desde hace algunos meses se destapó para buscar ser la candidata de Morena a la alcaldía de Chihuahua capital, quien a través de un post en Facebook, convocó a una marcha este próximo lunes en la Glorieta de Pancho Villa para exigir a la Gobernadora su renuncia, con el pretexto de que traicionó a la patria. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, en su mayoría de burla hacia la exigencia de la morenista, pues mientras a la panista se le crucifica por combatir al narcotráfico, al moreno se le defiende y se le solapa, ¿por qué? Porque son del mismo color.

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Y porque la carrera de los suspirantes por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital no se detiene, a pesar del hoyanco en el que cayó uno de ellos, el que pisó el acelerador en la pista es el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafa Loera, el cual no nada más estrenó más espectaculares con su imagen, también ha fortalecido el trabajo territorial a través de una serie de reuniones en colonias, con líderes sociales y también empresariales, como la que ayer mismo encabezó en la sede de la CANACO, en donde Loera fue invitado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Chihuahua, Alejandro Lazzarotto, para conversar de la visión que trae para la capital del estado en su búsqueda por la añorada candidatura azul.

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Así que si de trabajo territorial se trata, los que ayer anduvieron gastando suela en colonias de Chihuahua capital son los priistas, los cuales a través de las brigadas que ellos mismos bautizaron como “corazones rojos”, salieron a recorrer la emblemática colonia Rosario, al sur de la ciudad. Ahí anduvieron el dirigente municipal de la familia tricolor, Pedro Beristáin, el exdiputado Pancho Salcido, la exsecretaria General del Comité Directivo Estatal, Kenya Durán y el diputado local y coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN, José Luis Villalobos, el cual ya nada más está en espera de los tiempos que dicte el partido para registrarse como “defensor”, registros que comenzarán la tercera semana del mes que está por iniciar mañana.

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A los que por fin les hizo justicia la revolución es a quienes integran las “tropas” del Poder Judicial del Estado, es decir, al personal que desempeña funciones operativas y administrativas: auxiliares, capturistas de datos, archivistas, secretarias, conserjes, vigilantes, choferes, escribientes y operadores de computadoras, que son algo así como 1,200 personas cuya labor permite que el PJE funcione y que hace que trascienda la chamba de las personas juzgadoras. Ayer, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, en conjunto con la titular del Órgano de Administración Judicial, Karla Reyes y el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Paco Acosta Molina, anunciaron el incremento del 33 por ciento en su compensación, en beneficio tanto de sindicalizados como de confianza. Así que enhorabuena para la tropa judicial, los cuales mantienen funcionando el engranaje.

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