La propuesta de la nueva Ley General de Aguas impulsada por el gobierno federal ha encendido focos rojos entre productores agrícolas y organizaciones campesinas, quienes advierten que la reforma podría poner en riesgo la propiedad privada de concesiones de pozos, centralizar el control del recurso hídrico y abrir la puerta a mecanismos de presión política, expresó Alejandro Domínguez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal.
Aseguró que la iniciativa plantea “uno de los mayores retrocesos para el campo mexicano en décadas”, al considerar que la eliminación de la transmisión privada de concesiones, y el endurecimiento de sanciones representan “un intento de control sobre quién puede sembrar y quién no”.
Alex Domínguez afirmó que existe un clima de “tensión y preocupación” en las mesas de diálogo con agricultores, ganaderos e industriales, quienes ven amenazados su patrimonio familiar y su capacidad productiva. Su principal inquietud radica en que las tierras podrían perder valor al no contar con permisos de uso de agua, lo que afectaría el mercado agrícola, la viabilidad de miles de unidades productivas y la seguridad alimentaria.
El legislador federal advirtió que la propuesta carece de mecanismos claros de participación y transparencia en la reasignación de volúmenes, lo que podría derivar en discrecionalidad, por lo que resaltó que el (PRI) en la Cámara de Diputados continuará su batalla y defensa legislativa para frenar o modificar la iniciativa.
Cabe mencionar que en los próximos días, según organizaciones campesinas, preven un aumento en protestas y manifestaciones.
