En seguimiento a la iniciativa presidencial para expedir la Ley General de Aguas (LGA) y reformar la Ley de Aguas Nacionales, representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) participaron en las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.
En este ejercicio de parlamento abierto se instalaron tres grupos de trabajo para analizar, el tema “Régimen de concesiones: concesionarios, volúmenes, distribución, usos del agua y descargas asociadas”, con la participación de ponentes de las zonas centro, sur y norte del país. Asimismo, este miércoles se abordaron los temas relativos a los “Sistemas públicos de agua potable y saneamiento, sistemas comunitarios y otros mecanismos que garantizan estos derechos”.
Sobre los sistemas públicos de agua potable y saneamiento, sistemas comunitarios, así como otros mecanismos que garantizan estos derechos, se propuso el empoderamiento ciudadano y la redición de cuentas, para trasladar al poder de la opacidad a la transparencia, con herramientas de vigilancia real; creación de un marco legal automatizado que establezca condenas firmes por delitos ambientales o corrupción; disuasión y limpieza del sector, con inhabilitaciones a actores de mala fe y la exigencia de constancias de no inhabilitación; seguridad jurídica, estableciendo causalidades claras, objetivas y basadas en registros, así como la conexión del registro hídrico con el Sistema Nacional Anticorrupción, para convertir a la gestión del agua en un asunto de seguridad nacional.
Omar Andrés Ramírez Riveras, de Cántaro Azul, destacó la necesidad del reconocimiento a la gestión y los sistemas comunitarios de agua. Ulises Jacinto Ponce, también de Cántaro Azul, señaló que el reconocimiento legal de los sistemas comunitarios en la propuesta de la LGA del Ejecutivo es un avance fundamental.
Durante el intercambio de propuestas sobre el régimen de concesiones, se destacó la necesidad de colocar en el centro el derecho humano al agua y de avanzar hacia un marco jurídico que genere mayor bienestar. Se subrayó que la ley debe reconocer el uso eficiente del agua en los procesos productivos y económicos.
Los participantes coincidieron en que la propuesta de LGA dotará de coherencia constitucional a este derecho, permitirá una regulación administrativa más clara y se ajustará a las necesidades diferenciadas de cada región.
En las mesas participaron agricultores, productores, ejidatarios, abogados, representantes de asociaciones y organizaciones, legisladores, funcionarios municipales, académicos, consultores nacionales, unidades y distritos de riego, entre otros.
La Conagua se mantendrá respetuosa y atenta a la información recabada en las mesas de trabajo, las cuales serán sistematizadas y presentadas ante la Comisión dictaminadora para contribuir a la discusión y fortalecimiento de esta Ley.
