La confirmación, por parte de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que en Chihuahua se ejerció violencia política en razón de género contra la Síndica Municipal, expone de manera cruda las fallas graves del Tribunal Estatal Electoral (TEE), instancia encargada de impartir justicia electoral en el estado. Lejos de garantizar la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, este órgano permitió omisiones, retrocesos y decisiones que envían un mensaje peligroso de impunidad y tolerancia hacia la violencia de género en el ejercicio del servicio público.
El regidor del Ayuntamiento de Chihuahua por la fracción edilicia del Partido Acción Nacional (PAN), Adán Galicia, manifestó su firme indignación ante este escenario. “Me preocupa que, en instancias locales, la voz de una mujer que denuncia sea minimizada y puesta en duda, mientras que al agresor se le tiende la mano, se le escucha y se le protege. Esto no puede seguir ocurriendo”, expresó.
Asimismo, reprobó que, a pesar de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) aplicó correctamente medidas cautelares para proteger a la funcionaria, el propio Tribunal Estatal Electoral decidiera retirarlas, aun cuando existían elementos jurídicos y testimoniales suficientes para mantenerlas vigentes. “Fue así que la Sala Guadalajara, en menos de un mes, determinó que sí existió violencia política en razón de género en el caso, tiempo en el que la síndica municipal tuvo que convivir con su violentador”, subrayó.
Desde su posición como representante popular, Galicia hizo un llamado respetuoso pero firme al TEE para que asuma su responsabilidad y se sume a la creación de un protocolo con perspectiva de género para atender los casos de presunta violencia política de género. “Escuchar a la víctima antes que justificar al agresor no es solo una cuestión de justicia, es una cuestión de dignidad. Que no sea necesario que una sala federal corrija lo que debimos reconocer desde un principio”, recalcó.
Enfatizó que las instituciones no pueden convertirse en cómplices por omisión y que no se trata únicamente de reparar el daño, sino de garantizar que ninguna mujer vuelva a ser revictimizada en el desempeño de sus funciones. “Estamos a favor de una vida libre de violencia contra la mujer”, concluyó.
