La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió este viernes al venezolano Cártel de Los Soles a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), incluyéndolo como grupo terrorista internacional y señalándolo por representar riesgo secundario de sanciones.

Según el comunicado oficial, la administración estadounidense afirma que la organización venezolana opera como agrupación terrorista transnacional y organización criminal.

En una publicación difundida en X por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, la entidad señaló que Estados Unidos empleará “todos los recursos a disposición para evitar que Nicolás Maduro continúe lucrando con la destrucción de vidas estadounidenses y la desestabilización de nuestro hemisferio”.

Ni el Ministerio de Comunicaciones del régimen chavista de Venezuela ni el propio Nicolás Maduro respondieron a solicitudes de comentarios. Maduro ha rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones de Washington, alegando que se trata de una campaña de desprestigio y exhortando a Estados Unidos a intensificar los esfuerzos para controlar el consumo interno.

Investigaciones del FBI se dirigen contra los cabecillas del Cártel de Los Soles, organización presuntamente integrada por altos mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas y funcionarios asociados al Ejecutivo de Maduro. Un portavoz declaró en marzo de 2025 que el objetivo de las pesquisas es desmantelar “totalmente la estructura financiera y operativa” de estos grupos, en línea con la política “America First”, que prioriza el cierre de fronteras, la expulsión de criminales y el combate al tráfico de drogas. Empresarios, financistas y organizaciones aliadas al chavismo están en la mira de la justicia estadounidense.

El Cártel de Los Soles pervive bajo investigaciones desde 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional, Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas, fueron procesados por tráfico de drogas. Originalmente, la implicación de militares consistía en sobornos para permitir el paso de cargamentos. Posteriormente, su participación escaló hacia actividades directas de transporte y distribución de estupefacientes. Durante la década de 2000, funcionarios estadounidenses vincularon a altos cargos venezolanos, como Hugo Carvajal, Henry de Jesús Rangel Silva y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, con la provisión de asistencia a la guerrilla colombiana de las FARC en circuitos de narcotráfico.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro, a Diosdado Cabello y a otros altos funcionarios venezolanos de liderar operaciones del Cártel de Los Soles, atribuyéndoles delitos de narcotráfico y lavado de dinero, vigentes desde 1999.

Cabello es señalado como pieza central del cártel, presuntamente utilizando su posición para favorecer las operaciones ilícitas y consolidar su influencia política y económica. Otro exallegado del régimen, Tareck El Aissami, fue capturado en 2024 y enfrenta acusaciones de corrupción ligadas a la petrolera estatal PDVSA.

La designación del gobierno estadounidense se produce en un contexto de expansión del grupo criminal Tren de Aragua, vinculado tanto al Cártel de Los Soles como al Cártel de Sinaloa de México, igualmente clasificados como organizaciones terroristas internacionales por Washington. El Tren de Aragua nació en Venezuela y ha extendido su actividad a más de una docena de estados en Estados Unidos y varios países latinoamericanos, participando en extorsión, tráfico de personas, drogas, robos y violencia armada.

Autoridades estadounidenses describen la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo como prioridad en la agenda de seguridad nacional. El director del FBI, Kash Patel, expuso durante su audiencia de confirmación en el Senado que las estructuras criminales asociadas al tráfico de drogas representan el “lado oculto” de otros delitos como el tráfico de personas y el terrorismo. La administración estadounidense reafirma su compromiso de “llevar al siguiente nivel” la persecución de estos grupos en el ámbito internacional.

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