Una jueza federal de Estados Unidos determinó que la Administración de Donald Trump no puede retirar de forma abrupta las medidas de protección de las que se benefician más de medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, en otro golpe a las políticas migratorias impulsadas por el actual Gobierno.
El plan del Ejecutivo establece como fecha límite el 24 de abril, día para el que teóricamente 532,000 personas que emigraron a Estados Unidos gracias al “parole humanitario” establecido por la Administración de Joe Biden en 2022 quedaban desprotegidas y se arriesgaban a ser detenidas en caso de que no hubiesen abandonado ya el país norteamericano de manera voluntaria.
El “parole humanitario” es un permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Para acceder al programa, los migrantes tenían que tener el patrocinio de alguien que residiera legalmente en el país.
Según los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), unas 110,000 personas de Cuba, 210,000 de Haití, 93,000 de Nicaragua y 117,000 de Venezuela entraron a Estados Unidos bajo este programa.
El DHS ha argumentado que este programa migratorio “ya no representa un beneficio público significativo” para Estados Unidos y es “incompatible con los objetivos de política exterior” de la Administración de Trump.
Sin embargo, para la jueza Indira Talwani, de un tribunal de Boston, la eliminación del programa sin justificarlo “caso por caso” pone en entredicho el cumplimiento del Estado de derecho, toda vez que se trata de migrantes llegados de manera legal con un programa impulsado por el propio Gobierno, según la cadena CBS News.
Trump ha prometido endurecer la política migratoria de Estados Unidos y acelerar las deportaciones, pero en este cometido se ha topado con el recelo de unos tribunales que ya han tumbado algunas de sus medidas. A finales de marzo, otro juez puso en entredicho la finalización del estatus de protección política brindado a más de 350,000 venezolanos.
