La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en el municipio de Guachochi, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de Héctor C. M., por los delitos de trata de personas agravada y lesiones, cometidos en perjuicio de dos menores de edad.
En la continuación de audiencia inicial que se efectuó este miércoles 05 de marzo, los agentes del Ministerio Público, acreditaron con suficientes datos de prueba consistentes en testimoniales, entrevistas y periciales, así como argumentación jurídica, la probable responsabilidad del imputado.
La investigación ministerial a cargo de la FEM, establece que, el 03 de octubre del 2024, sustrajo por la fuerza a las víctimas de iniciales R.M.P. y E.M.P., de 7 y 10 años de edad, respetivamente, de un lugar conocido como Bajío Las Palmas, en el municipio de Guachochi y los traslado a la ciudad de Chihuahua.
Posteriormente, a mediados de diciembre trasladó a las víctimas a un rancho ubicado en el municipio El Tule, en donde las explotó laboralmente hasta que fueron localizados el pasado 22 de febrero del 2025.
Héctor C. M., quedó vinculado a proceso penal por trata de personas por la captación de dos menores de edad; un segundo hecho por trabajos forzados a los que fueron sometidos el niño y la niña y lesiones en perjuicio de ambos.
El Juez de Control del Distrito Judicial Andrés del Río, conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Cabe mencionar que el imputado fue detenido el 27 de febrero del 2025 cuando fue localizado a la altura de kilómetro 3 de la carretera Chihuahua- Ojinaga, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
