Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en el municipio de Guachochi, formularon imputación en contra de Héctor C. M., por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada cometida por particulares y trata de personas, ambos con penalidad agravada, cometidos en perjuicio de dos menores de edad.
El imputado fue llevado ante el Juez de Control en el Distrito Andrés del Río, luego de ser detenido el 27 de febrero del 2025 a la altura de kilómetro 3 de la carretera Chihuahua- Ojinaga por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esta representación social expuso argumentos incriminatorios que establecen que el 03 de octubre del 2024, en un lugar conocido como Bajío Las Palmas en Guachochi, se llevó por la fuerza a las víctimas R.M.P. y de E.M.P., quienes son hermanos de 7 y 10 años, respetivamente.
La investigación a cargo de la FEM establece que de octubre, a mediados de diciembre, los retuvo en la ciudad de Chihuahua y posteriormente, a mediados de diciembre los trasladó a un rancho ubicado en el Tule y los explotó laboralmente hasta que fueron localizados el pasado 22 de febrero del 2025 en el municipio de Guachochi.
Cómo parte de las diligencias practicadas y que robustecen la carpeta, agentes de la Unidad de Investigación de Trata de Niñas, Niños y Adolescentes realizaron un cateo con autorización judicial en la ciudad de Chihuahua y una inspección autorizada por el morador en un inmueble en el municipio de El Tule, realizado por agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Mujeres en Guachochi, ambos con la intervención de las áreas especializadas de la AEI adscritas a FEM.
El Juez conocedor de la causa penal resolverá la situación jurídica del imputado el próximo 04 de marzo del 2025, e impuso como medida cautelar la prisión preventiva en el Cereso.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
