Quito. La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, denunció este jueves que el gobierno le niega el acceso a su despacho para ejercer sus funciones pese a la sentencia judicial que anuló la sanción administrativa en su contra.
Mediante su cuenta de X, la vicemandataria mencionó que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dispuso a los servidores de la vicepresidencia trabajar de manera telemática, aunque es “una institución que no le compete”.
Abad solicitó información a Cynthia Gellibert -a quien el gobernante Daniel Noboa designó como vicepresidenta encargada- sobre las acciones emprendidas para cumplir el decreto que la envió a la embajada en Türkiye.
“He tenido que consultar desde mi correo personal a la secretaria Cynthia Gellibert (para que) me explique: ¿qué acciones se han realizado desde la Vicepresidencia para cumplir esta inconstitucional y discriminatoria disposición? Y no tengo respuesta hasta hoy”, manifestó la vicegobernante.
Tras el fallo de la jueza Nubia Vera, del 23 de diciembre pasado, Abad debía ser habilitada para ejercer el cargo y recibir su remuneración; sin embargo, las puertas de la vicepresidencia permanecen cerradas y asegura no haber percibido su sueldo.
Ese día, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto mediante el cual la envió a cumplir nuevas funciones en Ankara como coordinadora para las relaciones comerciales.
La vicepresidenta ha denunciado que la intención de Noboa y su equipo de gobierno es impedir que ella lo reemplace en el cargo durante la licencia temporal del mandatario para participar en la campaña electoral rumbo a los comicios del 9 de febrero.
De hecho, este jueves Noboa encargó la jefatura del gobierno, por segunda vez este mes, a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, y no a Abad, que es la vicemandataria titular.
De esa forma, podría participar en el debate, que es obligatorio para los 16 aspirantes a la jefatura del Ejecutivo para el periodo 2025-2029.
Las licencias parciales de Noboa, así como sus acciones como mandatario en el contexto electoral, son motivo de demandas y denuncias por parte de candidatos y organizaciones políticas ante diversas instancias como la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral.
