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De 290 mineras en México, 211 son de Canadá; todos las autorizan, nadie se responsabiliza del daño

La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.

La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.

En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.

Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.

En palabras de Isabel Clavijo, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), “las empresas tienen patrones y tácticas que contribuyen a la generación de conflictos sociales, ya que buscan desestimar y eliminar cualquier proceso de resistencia organizativa por parte de las comunidades, la mayoría indígenas y pobres, que estén en contra de los proyectos”.

SinEmbargo consultó a distintos especialistas en la materia, quienes señalaron a las instancias que tienen participación –en mayor o menor medida– para permitir operar en el país a 290 compañías mineras, 211 de ellas de origen canadiense.

Todo comienza en la Secretaría de Economía (SE), donde se otorga la concesión. La dependencia federal es, afirmaron los entrevistados, la principal de la docena de instancias incluidas en la “Guía de Procedimientos Mineros”, realizada justamente por dicha instancia hoy dirigida por Ildefonso Guajardo Villarreal.

Asimismo, la SE regula y promociona la actividad minera e inscribe a las firmas en un registro de empresas mineras y de compañías con inversión extranjera directa.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

“Para poder dimensionar esta extensión, equivale aproximadamente a la superficie acumulada de la Península de Yucatán, que abarca Yucatán, Quintana Roo y Campeche, más Veracruz, Aguascalientes y Ciudad de México”, se lee.

En apego al último registro del Sistema de Administración Minera (SIAM), sólo en septiembre de 2017 se otorgaron 84 permisos.

Cabe mencionar que la concesión es otorgada hasta por un siglo: de entrada se concede por 50 años, con la posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual, que, indicaron los especialistas, difícilmente será negada.

“Lo que hace el Gobierno federal es otorgar un pedazo de soberanía nacional sobre un territorio determinado a un particular por un periodo de tiempo demasiado extenso […]. La función de la SE es un clásico ejemplo del Estado reducido a su mínima denominación como ente regulador”, alertó Francisco Cravioto Lagos, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

“Los polígonos se están otorgando de manera muy rápida, su objetivo es hacer lo más ágil posible el trámite para los intereses privados. La concesión normalmente se otorga, no conozco un caso donde se haya negado una concesión en aras de respetar o garantizar un derecho humano, no es común”, apuntaló Clavijo.

Cabe aclarar que el hecho de que exista una concesión no significa que haya un proyecto en marcha.

MANGA ANCHA A MINERAS

El maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que, a pesar de que la Secretaría de Economía, es la instancia más importante porque otorga las concesiones, no es la única que tiene participación en dar manga ancha a las mineras.

Las otras dependencias que tienen participación son las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener); también las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En términos de importancia, coinciden los investigadores consultados, a la Sener le sigue la Semarnat, encargada de la regulación en el tema ambiental, ente que debiera velar por la conservación y el bienestar de los recursos naturales, pero que en la práctica no lo hace.

Para que la dependencia operada por Rafael Pacchiano Alamán autorice las actividades de exploración, los interesados deben presentar un informe preventivo.

Ante esta dependencia federal, las empresas presentan también la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un análisis en el que se previene y planea el proyecto a fin de determinar cuáles son las consecuencias que puede causar, en este caso la actividad minera, sobre el medio ambiente. Además, la MIA designa las medidas preventivas que se ejecutarían para disminuir esos impactos negativos.

“La Semarnat tiene un papel fundamental, dadas las consecuencias ecológicas que tiene esta actividad. Esta Secretaría regula precisamente el tema medioambiental, fomenta la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. Para obtener la concesión, la Semarnat revisa la MIA y da el visto bueno en relación con las actividades mineras. Una vez que da el visto bueno, se puede continuar con el proceso de obtención de la concesión”, dijo Torres Alonso.

La investigadora Clavijo afirmó que lo que se ha “identificado es que Semarnat no necesariamente hace un análisis exhaustivo que permita garantizar que no se esté atentando contra el derecho a un medio ambiente sano”.

A las autoridades municipales se les solicita un permiso de cambio de uso de suelo.

La SHCP otorga el registro fiscal a dichas firmas, además de recaudar los impuestos y los derechos de sus actividades.

La Sedatu otorga la certeza jurídica con relación a la tenencia de la tierra. A través del Registro Agrario Nacional (RAN), se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal. Es la entidad que lleva a cabo la inscripción de los decretos de expropiación de dichos bienes.

“La Sedatu tiene como misión proporcionar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra de la población, pero si esto no se cumple, pues la dependencia no satisface su objetivo. La Sedatu está vinculada a que precisamente los terrenos no le sean arrebatados indebidamente a los pueblos que habitan en donde se va a ejecutar la minería”, comentó Torres Alonso.

La CDI asesora a las empresas en relación con los usos y costumbres de los pueblos originarios a fin de evitar conflictos sociales, ya que gran parte de las comunidades indígenas habitan en lugares que son atractivos para la realización de la minería, de allí la importancia de que los interesados en llevar a cabo la actividad extractiva se acerquen al organismo descentralizado.

No obstante, “la CDI interviene cuando ya hay un conflicto porque las empresas no se acercan antes a ellos, no se comunican antes para preguntar si en tal lugar se puede operar una mina”, criticó Torres Alonso.

La Conagua tiene una actividad fundamental vinculada a la regulación de los derechos por uso del vital líquido. La minería requiere grandes cantidades del vital líquido y contamina aún más, entonces la Comisión puede otorgar o prorrogar los títulos de asignación o concesión para el uso de agua. También se encarga de lo relacionado con las descargas de aguas residuales.

“Los espacios que se ocupan para la minería están en el norte del país, principalmente, donde hay muy poca agua. En la franja norte de México, hay 30 por ciento de disponibilidad de agua y como allí se concentran los proyectos mineros, disminuye aceleradamente el vital liquido para la población”, puntualizó el investigador de la Máxima Casa de Estudios.

La Sedena está vinculada con la autorización y supervisión del uso de explosivos, ya que es la encargada de otorgar un permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de este tipo de material en la industria.

El IMSS tiene la tarea fundamental de brindar el servicio médico y seguridad social a sus afiliados, después de que el patrón de la empresa minera registra a los empleados.

La STPS proporciona la seguridad laboral con los trabajadores, lo cual resulta importante al ser la minería una actividad riesgosa. La secretaría autoriza el funcionamiento de recipientes como calderas o recipientes sujetos a presión a fin de vigilar el cumplimiento a la NOM-020- STPS-2011. También inspecciona que en las mineras no trabajen menores de edad y es quien puede autorizar empleos a menores entre 14 y 17 años. También aprueba planes y programas de capacitación.

La Sener, al ser la entidad encargada de dirigir la política en materia energética del país, participa cuando en las tierras a explotar por las compañías mineras se da el hallazgo de yacimientos de hidrocarburos. Por su parte, el SGM ofrece asesoría geológica minera de uso de suelo y estudios ambientales.

Ante el panorama expuesto, los especialistas coinciidieron que en México, las autoridades anteponen los intereses particulares de las mineras, sobre el bienestar de la población.

“Las autoridades, amparadas en el marco de la Ley, no están realizando un proceso de evaluación y de revisión exhaustivo que permita que las empresas garanticen el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente […]. No se está considerando la decisión y la libre autodeterminación de las comunidades a decidir sobre las actividades que quieren sobre el territorio”, aseveró Clavijo.

Por ello, recriminó que “el interés privado no debería prevalecer por encima del bien común”, por lo que remarcó, “es obligación del Estado y de las autoridades actuar en concordancia con esta premisa” y que existe una “actitud muy laxa” por parte de las autoridades, que favorece precisamente el interés privado sobre el público.

“[El Gobierno] sobrepone el interés privado, sobre el interés público. Se le da prioridad a grupos privados en aras de proteger la inversión como política de Gobierno”, insistió.

Fuente: Sin Embargo