Castigarán con cárcel negociar en lo oscurito

Negociar canonjías con algún candidato, su equipo de campaña, sus familiares o algún otro cercano, para concretarlas en el momento en que gane una elección será castigado por primera vez en 2018 con cárcel de hasta 14 años, pues esta práctica de corrupción se considerará como delito de cohecho, tipificado en el Código Penal Federal (CPF).

Excélsior informó ayer que por primera vez la Secretaría de la Función Pública (SFP) podrá sancionar a los particulares que cometan actos de corrupción con candidatos a algún puesto de elección popular; la Secretaría sólo puede aplicar penas administrativas, pero sí puede acusar penalmente a los corruptos.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas faculta a la Secretaría de la Función Pública para que vigile, por primera vez en este 2018, a los particulares que se acercan a los candidatos para lograr acuerdos de negocios o de impunidad, que ahora son considerados actos de corrupción.

La misma Ley, creada en el Senado en 2016, como parte del paquete anticorrupción, precisa que esta irregularidad, considerada que los “Particulares en Situación Especial”, serán sancionados con los criterios que establece el artículo 52 de la propia Ley:

“Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga”, dice la Ley.

Pero el cohecho es un delito, según el artículo 222 del Código Penal Federal, el cual precisa que ese delito se castigará con prisión de tres meses a dos años y multas de 30 a cien días, cuando “la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable”.

Y con una prisión de dos a 14 años y multa de 100 a 150 días cuando “la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa”.

El código también dice que “en ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio
del Estado”.

Estas nuevas disposiciones, que facultan a la Secretaría de la Función Pública para vigilar con lupa a todos los candidatos, fueron propuestas por los diferentes grupos ciudadanos que se organizaron para trabajar con el Senado la confección de las leyes anticorrupción, a raíz de la difusión de información en torno a empresarios que pactaron ventajas con candidatos que ganaron diversos cargos de elección popular desde el comienzo de este sexenio.

Fuente: Excélsior