Astudillo admite fracaso de estrategia contra la violencia y pide nuevo “pacto por la seguridad”

Entre acarreados y elogios de diputados locales, tanto del PRD como del PT y el PAN, el gobernador Héctor Astudillo Flores planteó “la urgente necesidad” de renovar la estrategia de seguridad en Guerrero, y convocó a la clase política a suscribir un nuevo pacto.

En el Congreso local, durante la ceremonia por el segundo informe de gobierno, el priista admitió el fracaso de la estrategia federal que encabeza el Ejército desde hace cuatro años, porque “el problema de Guerrero –dijo– no es político, es la violencia”.

En este sentido, pidió a legisladores, alcaldes y trabajadores del Poder Judicial fortalecer las instituciones, actualizar las leyes y darle un mejor uso a los recursos que destina el gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir la delincuencia.

“Hagamos lo que haya que hacer para que Guerrero recupere la seguridad”, exclamó Astudillo en el recinto legislativo, copado por la clase política priista nacional y estatal.

Es necesario replantear el actual modelo policial a través de reformas constitucionales, en sintonía con la Ley de Seguridad Nacional que impulsa el Ejército, e implementar el Mando Único en la entidad.

Ello, pese a que en Guerrero la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) es dirigida por el general en activo Pedro Almazán Cervantes, y la mayoría de mandos operativos son soldados. En tanto, oficiales del Ejército y el agente federal Ramiro Espinoza Jiménez administran las áreas de análisis y acopio de información estratégica del C4, a nivel estatal.

Por su parte, soldados de la IX Región Militar y agentes estatales y federales están a cargo de la seguridad pública en la mayoría de los 81 municipios donde la delincuencia y guardias comunitarias han asumido el control de regiones completas.

Astudillo consideró que si las autoridades de los tres niveles pudieran contener y reducir el fenómeno de la violencia criminal y la delincuencia común, “muchos de los problemas que enfrentamos se reducirían drásticamente”.

Subrayó: “Más aún, si lográramos contener la criminalidad, el potencial económico, turístico, minero y agrícola nos permitiría ofrecer una calidad de vida muy superior a nuestra gente”.

En respuesta, la mayoría de legisladores del PRI y sus aliados del PRD, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, Partido Verde y PT, se enfocaron en elogiar a la administración de Astudillo, con un registro oficial de más de 4 mil homicidios dolosos en sus dos años como gobernador.

Sólo desentonó la diputada local por Morena María de Jesús Cisneros, quien consideró que la principal falla del priista ha sido en sus obligaciones de preservar la vida, el patrimonio, las libertades y garantizar la vigencia de un estado de derecho con justicia, armonía y sana convivencia social.

“No puede haber orden en un estado donde no se respeta la división de poderes, porque se pisotea el Legislativo para imponerle magistrados del Poder Judicial y se fracasa en la implementación del nuevo Sistema Penal”, expresó.

La diputada de oposición reprochó que Astudillo decidiera ausentarse para hacer campaña a favor del PRI en el Estado de México, durante la pasada elección, y ahora promueve a su hijo Ricardo Astudillo Calvo en actos oficiales.

También condenó el despilfarro y opacidad en el gasto para publicidad oficial, principalmente los 2.7 millones de pesos que se destinaron sin licitar a la campaña mediática denominada Orgullo Guerrero, que benefició a la cadena Cinépolis y a la productora Chinqueque Films, de Rafael Aparicio.

“No hay orden cuando el gobierno desconfía de sus propias instituciones y tiene que contratar notarios para que den fe de la entrega de ayuda a damnificados”, dijo Cisneros respecto a la acumulación de despensas del Fonden en terrenos privados donde tuvieron que incinerarse víveres que estaban a la intemperie.

Finalmente, consideró como grave el hecho de que el priista calificara de “separatistas” a los pueblos y comunidades indígenas que exigen el reconocimiento de sus derechos, autonomía y libre determinación, como lo ordena la Constitución federal.

Fuente: Proceso