Retroceso si SCJN ordena regresar a modelo anterior en Judicatura, pero acataremos: La Torre 

Noticias de Chihuahua.-

El diputado iniciador de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial en términos del Consejo de la Judicatura, Miguel La Torre Sáenz, precisó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordena regresar al modelo anterior de la Judicatura sería un retroceso pero estarían acatando lo que se resuelva por el máximo tribunal en el país.

“Estamos a la expectativa, como iniciador de esta propuesta me encuentro así, revisaremos cuál sea la resolución de la Corte en este tema, pero reafirmamos en que el nuevo modelo de la Judicatura es bueno y es algo que necesitaba tanto el estado de Chihuahua como el Poder Judicial”, manifestó el legislador.

La Torre Sáenz precisó que las facultades que fueron otorgadas al Consejo de la Judicatura, las cuales dieron pie a la controversia constitucional contra el Congreso por parte del Tribunal Superior de Justicia, son adecuadas a la realidad que se vive en Chihuahua, pues se le dio la facultad al Consejo de revisar la actuación de magistrados que no tenían ninguna vigilancia con el modelo anterior.

Dentro de la controversia presentada por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua se especificó que el Congreso del Estado dio facultades al Consejo de la Judicatura por encima del Pleno de magistrados, lo cual era una violación a la misma Constitución Mexicana, ya que este órgano podía resolver la suspensión o destitución de jueces y magistrados.

“Sería un retroceso si nos obligan a seguir con el modelo anterior, en lugar de cinco serían siete consejeros, lo que representa más burocracia, y además no contarían con las facultades de control y vigilancia sobre los magistrados que anteriormente se encontraban en una zona de confort”, precisó el legislador.

El legislador agregó que la intención al realizar la reforma no fue ir contra la imposición de César Duarte en el Poder Judicial, sino que se buscó dar un dinamismo distinto al Consejo de la Judicatura, lo cual implicaba más economía y mayores facultades de sanción par aquellos magistrados que tenían atorados asuntos sin resolver o incluso que resolvía con sesgo político dichos asuntos.