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Próxima semana retoman discusión para Ley de Fiscalización

Noticias de Chihuahua.-

 

El presidente de la comisión de fiscalización, Miguel Ángel Colunga Martínez, informó que el próximo miércoles se reunirán las comisiones unidas para continuar con la discusión de la Ley de Fiscalización.

Añadió que de momento ya tiene ajustes la iniciativa y se ha ido enriqueciendo con los planteamientos de diversos actores enfocados en temas de transparencia, fiscalización y anticorrupción, por lo que debe continuar la discusión para la aprobación de esta ley.

De momento las comisiones unidas no han podido entrar de lleno en esta discusión, pues no se han puesto de acuerdo en quién presidirá dichas comisiones.

Actualmente las Ley de Auditoría local se encuentra abrogada, ya que las leyes generales que se plantearon tras el Sistema Nacional Anticorrupción derogaron todo ordenamiento que contradijera dichas leyes.

El auditor Héctor Acosta Felix recordó que en mayo del 2015 se reformó la constitución federal para establecer el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por lo cual se emitieron también leyes secundarias, entre estas la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; modificación al Código Penal; y Ley General de Responsabilidades.

Detalló que en el caso de la Ley General de Responsabilidades se estableció que aplicaría para los tres órdenes de gobierno y se derogarían las legislaciones locales que contradijeran a esta ley.

En su artículo número 11 indica que será competentes las auditorías para investigar y substanciar procedimientos por faltas administrativas graves y que puedan tratarse de delitos de corrupción, así como también establece que no se requiere autoridad intermedia, es decir al Congreso del Estado, para que el órgano técnico fiscalizador pueda ir directamente a denunciar estos hechos.

Aunado a esto, dicha Ley en su artículo tercero transitorio detalla que la entrada en vigor de la misma generará que queden abrogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en dicho ordenamiento jurídico y por tal motivo desde julio del 2017, el congreso del estado ha estado trabajando con ordenamientos que podrían no tener validez.