¿Por qué pide Fiscalía 3 años de prisión contra Garfio?

Noticias de Chihuahua.-

Este viernes se celebró la audiencia de juicio abreviado en contra del ex alcalde y ex secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Javier Alfonso Garfio Pacheco, en la cual el Ministerio Público solicitó al juez Alejandro Legarda Carreón una sentencia de tres años de prisión por su participación en la venta irregular de 16 predios de la reserva territorial Labor de Terrazas.

El delito de peculado agravado tiene una penalidad de cuatro a 12 años de prisión, así como una sanción pecuniaria, sin embargo, al haberse sometido a un juicio abreviado y aceptado su responsabilidad, el ex funcionario público no sólo recibirá la sentencia mínima, sino que se reducirá en un cuarto, es decir, enfrentará únicamente tres años en la cárcel, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional.

El MP expuso los antecedentes del hecho investigado, en los cuales establecen que el imputado participó en la venta irregular de una reserva de 16 predios a la empresa Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V., representada por Benito Tagle Rodríguez.

Las pruebas presentadas incluyeron diversas documentales sobre la extensión y valor de los terrenos en cuestión, un contrato de venta y un acta firmada por Garfio Pacheco, así como varios testimonios presentado por ex funcionarios y el testigo protegido T701.

Dentro de su exposición, el MP refirió que el imputado, en su calidad de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, tuvo relación con el contrato 069/2012 celebrado el 31 de diciembre del 2012 para la venta de 16 predios en Labor de Terrazas, a la empresa antes mencionada, a un precio de 99 millones 159 mil 026.49 pesos.

Previo a la celebración del contrato, el 12 de septiembre del mismo año, Garfio, como vocal de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), firmó el acta en la que se aprobaba la enajenación y venta de la reserva de Labor de Terrazas, a propuesta del director de Coesvi y secretario técnico de este órgano, Ricardo Yáñez Herrera.

Esta Junta estaba integrada por los siguientes funcionarios:

Titular del Ejecutivo: César Horacio Duarte Jáquez./Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología: Guillermo Márquez Lizalde.
Director de Coesvi: Ricardo Yáñez Herrera
Secretaría General: Raymundo Romero Maldonado.
Consejería Jurídica: Mario Trevizo Salazar.
Secretaría de Hacienda: Jose Luis García Mayagoytia, en octubre de 2012 entra Jaime Herrera Corral.
Secretaría Desarrollo Social: Servando Portillo Díaz.
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas: Javier Garfio Pacheco.
Secretaría de la Función Pública: Liliana Álvarez Loya.
Coordinación Estatal de la Tarahumara: Jesús Velázquez

Dentro de la carpeta de investigación se incluyó el peritaje de la ingeniera civil, Arely Rocha, quien concluyó que los terrenos fueron vendidos a un costo menor, ya que su precio comercial ascendía a 427 millones 849 mil 691 pesos, mientras que su valor catastral era de 114 millones 687 mil 831 pesos.

Por otra parte, se determinó que estos terrenos que fueron entregados a Coesvi a través de un acuerdo firmado en el 2002, debían utilizarse para la construcción de vivienda popular, a precios accesibles, lo cual se incumplió con la transacción en favor de la empresa de Benito Tagle.

Finalmente, el Ministerio Público dijo que a través de otro peritaje se descubrió que cerca de 68 millones de pesos obtenidos por esta venta se destinaron a gasto corriente y pago de créditos de la misma Coesvi.