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Hay condiciones políticas y sociales para sacar Ley de Austeridad: Carrera 

Noticias de Chihuahua.-

La Ley de Austeridad presentada hace dos semanas por el grupo parlamentario de Morena se encuentra ya en la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, misma que está conformada por el diputado Miguel Colunga de Morena, el diputado del PAN, Jesús Valenciano, y dos legisladores aliados de Acción Nacional, Misael Máynez Cano y Alejandro Gloria de Partido Encuentro Social y Partido Verde.

El legislador iniciador de la ley, Benjamín Carrera Chávez, precisó que pese a que dentro de la comisión podrían no contar con los votos para destrabar esta iniciativa, existen las condiciones políticas y sociales para su aprobación, a diferencia de la ley presentada en la legislatura pasada por los diputados de Morena y que se quedó atorada en la comisión mencionada.

Señaló que la inercia del Gobierno Federal en materia de austeridad generará que esta ley sea aprobada y también tendrá que ver la movilización de la ciudadanía para que se genere su aprobación, por lo que trabajan en estrategias de socialización para que sean los mismos ciudadanos quienes impulsen su aprobación, como se dio con la abrogación del Impuesto de Profesiones.

La iniciativa contempla que ningún servidor público deberá ganar más que el presidente de México y se prohibirán tanto los bonos como las percepciones consideradas como extraordinarias.

Dentro de la iniciativa se establece que deberán definirse mecanismos de control y seguimiento del presupuesto, así como eliminar trámites innecesarios, agilizar procesos internos y reducir costos de operación, pero también se detalla que deben prohibirse la contratación de secretarios particulares.

De la misma manera, de aprobarse dicha iniciativa, quedaría prohibida la contratación de servicios médicos privados y seguros de vida, excepto para servidores relacionados con seguridad, gestión de riesgos o servicios de emergencia.

Se prohíbe también los gastos por concepto de telefonía celular, el uso de vehículos de uso privado y que se deberá utilizar solamente para tareas oficiales o relacionadas con el servicio público.

La compra de vehículos de lujo queda prohibida y la adquisición queda sujeta a la ampliación o sustitución de aquellas unidades que ya no son útiles, así como también los actos oficiales de gobierno se realizarán en espacios públicos y se restringirán erogaciones por concepto de gastos para foros, congresos o eventos similares.

En torno al uso de aeronaves privadas a cargo del erario público, esto no será permitido a menos que se trate de una urgencia y se prohibirá la adquisición de boletos de avión de primera clase, por lo que se tendrá que priorizar las tarifas económicas con sus excepciones y se evitará contratar hoteles de lujo.