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Congreso instruye a presentar denuncias por irregularidades que involucran a Sepúlveda

Noticias de Chihuahua.-

El Congreso del Estado aprobó la cuenta pública del Tribunal Superior de Justicia por el ejercicio fiscal 2017 e instruyó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a presentar las denuncias penales en contra de los servidores que resulten responsables por irregularidades que fueron detectadas en el anticipo de 19 millones 961 mil 637 pesos para la construcción de la bóveda de almacén.

En esta construcción se encuentran involucrados Gabriel Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez Alvidrez, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como también se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito en contra de los magistrados y de Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda; Ever Eduardo Aguilar Sandoval; Erik Manuel Hernández Aguilar; Javier Muruato Robles; y Gerardo Villegas Madriles.

Se acusó a estos ex servidores públicos por el uso ilegal de atribuciones y facultades, peculado y los demás que resulten, avalando esta denuncia por quienes integran el Consejo de la Judicatura y el contralor del Poder Judicial y se sigue esta investigación penal bajo la carpeta número 19-2017-29320.

Derivado de la auditoría practicada, los 19 millones de pesos mencionados tiene su origen en la transferencia de recursos, según la póliza de diario No. 31 del 02 de febrero de 2016, a la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, para la construcción del Instituto de la Defensoría Pública y para la adquisición de la bóveda de almacenamiento masivo de video digital de audiencias de oralidad penal del Estado.

Para esto se autorizó la transferencia de recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia a la Secretaría de Hacienda del Estado, mediante la Sesión Plenaria Extraordinaria Pública celebrada el 11 de diciembre de 2015 bajo el numeral 3, que establece el Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua por el cual se autoriza afectar el patrimonio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, para la construcción del Instituto de la Defensoría Pública y de la Bóveda de almacenamiento masivo de video digital de audiencias de oralidad penal del Estado